31 de mayo de 2017 00:00

Autonomía, el talón de Aquiles del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

La Comisión Anticorrupción presentó la denuncia hoy, 18 de febrero, en Quito. En el centro Ramiro Román, Julio César Trujillo y Jorge Rodríguez. Foto: Alberto Araujo / EL COMERCIO

La Comisión Nacional Anticorrupción criticó la propuesta del presidente Moreno porque el Frente estará “en gran medida integrado por personas que se desempeñaron como funcionarios del anterior Gobierno o que han estado vinculadas al mismo”. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Adriana Noboa
Redactora (I)
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La intención del presidente Lenín Moreno, de preparar una “cirugía mayor en contra de la corrupción”, tiene acogida en todos los sectores. Sin embargo, no sucede lo mismo con el anuncio de la creación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Pedro Votruba, exdirector de la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), tiene la impresión de que el grupo no tendría la independencia necesaria, debido al currículum de algunos de los 13 ciudadanos a quienes el Mandatario invitó a integrar este Frente.

Aclara que, mientras no se conozcan sus competencias y atribuciones, no se puede analizar el tema. Pero considera que lo óptimo sería crear un organismo similar al formado en 1997, “con autonomía e independencia económica y administrativa”.

Pero José Cisneros, exdirector de Investigación de la CCCC, opina lo contrario. Según su criterio, la voluntad política es lo primero, porque sin ello no hay forma de avanzar. Así que celebró la idea de buscar un mecanismo para luchar en contra de la corrupción.

Cuando el Frente esté conformado, se podrá modificar y pulir su estructura, según Cisneros, tal como se hizo al inicio de la formación de la CCCC.

Después de sus dos primeras conformaciones, el organismo se integró con la selección de miembros independientes, a través de los colegios electorales. Estos eran las cámaras, los colegios profesionales, organizaciones sociales, universidades, medios, etc.

La actual Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), constituida legalmente en julio de 2015, fue un intento de revivir a la CCCC, como una iniciativa de las organizaciones indígenas, sociales y populares.

La Comisión criticó la propuesta del presidente Moreno porque el organismo estará “en gran medida integrado por personas que se desempeñaron como funcionarios del anterior Gobierno o que han estado vinculadas al mismo”.

Esto, sostienen, les resta idoneidad y autonomía. En su comunicado, ese organismo rechazó que haya usado a “unas pocas personas honorables”, como Julio César Trujillo, miembro de la CNA.

La CCCC fue creada en marzo de 1997 y la Constitución de 1998 la convirtió en un organismo estatal. Su misión era investigar denuncias sobre corrupción y remitirlas a la Contraloría o la Fiscalía.

La entidad presentó varios informes polémicos sobre casos como la Red Peñaranda, Filanbanco, Fondo Visión, Convenios de la AGD, Delitos Aduaneros, Miss Universo 2004 y la ‘Pichi’ Corte. Sin embargo, el Gobierno de Alianza País reemplazó ese organismo con el actual Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Entre las atribuciones del Cpccs están promover la transparencia, luchar contra la corrupción e investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción. Pero su trabajo se ha concentrado en las veedurías ciudadanas y los procesos de designación de autoridades.

Para Marcela Miranda, quien fue presidenta del Cpccs, esto se debe a que el Consejo no puede actuar de oficio, como lo hacía la CCCC, y requiere de una denuncia ciudadana. Por eso opina que el Frente que quiere crear el Mandatario no debería tener esa “cortapisa”.

Cisneros concuerda con esto, porque la imposibilidad de actuar de oficio es un limitante para el Cpccs, aunque sí puede ser parte de los procesos y ser actor en la parte judicial. Recuerda que la CCCC podía actuar por su competencia, pero no seguir los casos en la justicia. Por eso, sugiere que al nuevo organismo se le otorguen ambas atribuciones.

En la oposición, las opiniones están divididas. Cristina Reyes, del PSC, comparte la preocupación del Mandatario, para lo cual le propuso la creación de una Comisión Técnica Internacional, con la ayuda de la ONU, como ya lo había comentado Moreno en campaña.

Pero César Monge, presidente de Creo, plantea que en lugar de crear un Frente con funcionarios del Gobierno, Moreno debería apoyar a la Comisión Anticorrupción que ya existe. Agrega que el Jefe de Estado debería exigir transparencia a las instituciones públicas y que los organismos de control cumplan con su función fiscalizadora.

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