5 de mayo de 2017 00:00

Jueza abre instrucción contra Cedatos

Juan Pablo Albán (der.), abogado de Cedatos, cuestionó la investigación fiscal, en la audiencia realizada en Quito. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

Juan Pablo Albán (der.), abogado de Cedatos, cuestionó la investigación fiscal, en la audiencia realizada en Quito. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

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Javier Ortega

La fiscal Cecilia Garzón fue la primera en hablar ayer, 3 de mayo de 2017, en la audiencia de formulación de cargos en contra de la empresa encuestadora Cedatos. Lo hizo durante 25 minutos, frente a la jueza penal María Elena Lara.

En ese tiempo, la investigadora expuso los elementos que recopiló desde el 22 de marzo y acusó a la compañía de Polibio Córdova bajo la figura de uso doloso de documento falso, un delito que se castiga hasta con 7 años de cárcel según el artículo 328 del Código Penal.

Dos de las evidencias que presentó ayer fueron los testimonios, uno inicial y otro ampliado, de un empleado de esa empresa. Según Garzón, esta persona -que ahora es testigo protegido de la Fiscalía- pidió voluntariamente declarar. Lo hizo horas después del allanamiento que la Policía ejecutó el 7 de abril a las instalaciones de la encuestadora, en Quito.

En su versión ampliada, el funcionario supuestamente dijo que entre enero y febrero, durante la campaña electoral, fueron contratados por un ‘cliente importante’ vinculado con el candidato de Creo, Guillermo Lasso, para la elaboración de “más de 50 estudios cuantitativos y cualitativos, incluyendo los ‘exit poll’ de la primera y segunda vuelta.

Y luego relató que Córdova revisaba ‘minuciosamente’ los resultados de las encuestas y que en una reunión “le llamó la atención” que “algunos datos principales habían sido modificados”. En esos cambios, dijo el empleado, “se reducían los niveles de aprobación y credibilidad del Presidente y Vicepresidente y se disminuía la intención de voto para el candidato Lenín Moreno y se aumentaba la intención de voto al candidato Guillermo Lasso”.
Esas declaraciones las leyó ayer Garzón textualmente.

Con base en los testimonios, en la denuncia presentada por la legisladora de Alianza País, Rosana Alvarado, y los supuestos pagos que recibió Cedatos para elaborar las encuestas, la investigadora pidió a la jueza que se prohíba la venta de los bienes que constan a nombre de la encuestadora y también que un ente de control público se haga cargo de la compañía.

Luego de esa intervención, Juan Pablo Albán, abogado de Cedatos, tomó la palabra y desvirtuó la investigación de la Fiscalía. El jurista señaló que Garzón utilizó como prueba principal la declaración del empleado. Y advirtió que él no ha tenido acceso a esa versión, por su condición de reservada. Por eso la declaró “nula”.

Albán también cuestionó la actuación de Garzón, luego de que ella planteara al inicio de la audiencia la imputación en contra de Cedatos, como persona jurídica, y contra Córdova, como persona natural.

El jurista pidió a la fiscal que aclare ese punto, pues el 28 de abril, cuando la Fiscalía solicitó día y hora para la diligencia, solamente dijo que presentaría cargos contra la empresa.

Como respuesta, Garzón dijo que “vinculará” en los estos días al director de Cedatos. La defensa de Córdova cuestionó ese anuncio y dijo que la Fiscalía no puede adelantarse a situaciones que aún no ocurren.

Al finalizar la diligencia, la jueza Lara no autorizó que Cedatos sea intervenida por un ente de control; adujo que la Fiscalía no sustentó formalmente el pedido. Pero sí dio paso a la prohibición enajenar los bienes de la encuestadora. La investigación durará 90 días.

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