Alecksey Mosquera aparece dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Está detenido desde abril. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La central Toachi-Pilatón, considerada uno de los proyectos emblemáticos del anterior gobierno, arrastra retrasos en su construcción e investigaciones judiciales por posibles pagos de coimas en su adjudicación.
El 8 de diciembre del 2017 se cumplirán 12 años de las primeras negociaciones. Sin embargo, hasta el momento la construcción de la hidroeléctrica no termina. A julio de este año, la planta registraba un avance del 94,94%, según el último reporte oficial.
Actualmente, los procesos precontractuales y contractuales, las facturas y otros pagos relacionados con esta central son investigados en dos procesos judiciales: uno por presunto lavado de activos y otro por asociación ilÃcita.
¿Pero cómo inició la historia de este proyecto? En documentos revisados por este Diario, y que hoy son parte de los expedientes fiscales, se dice que el 8 de diciembre del 2005, el entonces Directorio de Hidrotoapi, ente a cargo de la obra, resolvió activar un sistema de contratación denominado Swiss Challenge.
Este método permitió, en una primera etapa, recibir la propuesta de una sola contratista interesada en el proyecto, que fue Odebrecht. El mecanismo preveÃa invitar a otras firmas para que mejoraran la oferta inicial de la constructora, pero no hubo propuestas.
AsÃ, en julio del 2007, Hidrotoapi adjudicó a Odebrecht la construcción de la hidroeléctrica, por USD 470 millones.
En medio de este proceso de adjudicación aparece el nombre de Alecksey Mosquera, ministro de EnergÃa entre 2007 y 2009, ahora procesado por presunto lavado de activos, y quien aparentemente apuró la entrega de un primer desembolso de USD 112 millones a la constructora, para que empezara con los trabajos.
Las investigaciones de la FiscalÃa advierten que Mosquera, detenido desde abril pasado, habrÃa recibido 1 millón de Odebrecht, a través de su tÃo Marcelo Endara.
La audiencia preparatoria de juicio por este caso debÃa iniciar hoy, pero la FiscalÃa y el abogado del exministro, Franklin Arévalo, pidieron que se difiriera. El 11 de octubre, Arévalo dijo que aún espera que Andorra envÃe una ampliación de la primera asistencia penal.
En el documento inicial se detalla que Klienfeld, ‘offshore’ usada por Odebrecht para el pago de sobornos, transfirió el millón a través de cuatro depósitos, entre el 11 de abril y el 2 de septiembre del 2008.
Arévalo ha dicho que ese dinero fue por una consultorÃa que hizo Mosquera a la constructora, cuando era ministro.
Un año después de la adjudicación, en septiembre del 2008, Hidrotoapi decidió dar por terminado el contrato con Odebrecht, debido a las irregularidades detectadas en la hidroeléctrica San Francisco. Ese año fue expulsada del paÃs.
La constructora brasileña devolvió USD 98 millones, de los 112 iniciales, antes de dejar el paÃs. El resto ya lo habÃa gastado en los trabajos previos.
Desde entonces, la obra estuvo paralizada, hasta diciembre del 2010, cuando la empresa China International Water Electric (CWE) ganó de forma directa el contrato para continuar con la construcción de la central, por USD 240 millones. Además, en 2014 firmó un contrato complementario por otros USD 23,6 millones.
Ahora, los contratos, pagos y facturas hechos a CWE son rastreados por la FiscalÃa, dentro del proceso de asociación ilÃcita, donde están imputados el vicepresidente Jorge Glas, su tÃo Ricardo Rivera y otros.
Los investigadores indagan si pudo haber pago de coimas por adjudicarse ese proyecto.
Pero Odebrecht y la firma asiática no son las únicas que han tenido problemas en torno a la construcción de Toachi-Pilatón. En abril pasado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) decidió dejar afuera del proyecto a la rusa Inter Rao, de manera unilateral. Esto ocurrió por retrasos en la entrega de equipos electromecánicos (turbinas y otros artefactos) que permiten activar la central.
En la investigación por lavado, Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, y Byron Granda, exgerente de Hidrotoapi, han comparecido de forma libre en la FiscalÃa para aclarar cómo se adjudicó el contrato a Odebrecht, en el 2007. El Prefecto ha negado sobreprecios o pagos de sobornos en ese proceso contractual.