11 de noviembre de 2015 16:24

La Asamblea gasta USD 11,2 millones en salario anual de 319 asesores

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Gabriela Quiroz y Paúl Zamora  
data@elcomercio.com (I)

La previsión presupuestaria 2016 del Consejo de Administración Legislativa (CAL) entregada al Ministerio de Finanzas sumaba USD 115 millones, sin embargo, su propuesta fue reducida a la mitad. Esta disminución significa que el 73,5% del total de recursos asignados a la Asamblea se destinaría a pagar a sus funcionarios.

EL COMERCIO DATA / Datos. El gasto más fuerte en sueldos en la Asamblea Nacional es en asesores y asistentes. La nómina suma 1 236 empleados. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El gasto más fuerte en sueldos en la Asamblea Nacional es en asesores y asistentes. La nómina suma 1 236 empleados. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

A septiembre de este año se registraron 1236 empleados distribuidos en 212 unidades y significaron para ese mes un pago de USD 3,2 millones, incluido el proporcional de los décimos más horas extras.

Para el 2015, la Asamblea tuvo un presupuesto inicial de USD 68,6 millones, pero durante el año ha tenido asignaciones adicionales y hasta septiembre subió a 86,7 millones (codificado), según Finanzas. El gasto de personal sumó los USD 35 millones, de acuerdo al registro de la Asamblea. Es decir, representa 51% del presupuesto inicial o 40,3% del codificado.

El pago más fuerte corresponde a los salarios de 137 asambleístas -que ya tuvo una reducción de 17% en marzo pasado y quedó en USD 5 009 al mes por legislador (sin décimos y otros ingresos)- y de su equipo de apoyo.

De acuerdo con el registro de la Asamblea a septiembre del 2015 hay 319 asesores de nivel 1 y 2. En el primer caso los 170 colaboradores ganan USD 3 173 mensuales cada uno y en el segundo, que suman 148, perciben USD 2 679. En este grupo se incluyó a una asesora de Presidencia con un sueldo al mes de USD 3 798.

Según el Código Orgánico de la Función Legislativa, cada asambleísta tiene derecho a dos asesores de nivel 1 y 2 y otros dos asistentes. Para los asesores de primer rango se exige que tengan título universitario, pero esto no aplica para los segundos, quienes son considerados como de confianza de cada funcionario.
 
Además, 117 legisladores reciben al mes un bono por vivienda de USD 708, que hasta octubre era de 1 020, y cuatro pasajes para trasladarse a provincias mensuales. Esta reducción económica significó un ahorro de USD 36 500 al mes.

La presidenta Gabriela Rivadeneira; la primera vicepresidenta, Rosana Alvarado; y la segunda, Marcela Aguiñaga, tienen una asignación mayor de colaboradores: la primera tiene 12 y las otras dos suman seis y siete, respectivamente.

También se permite otros dos asesores para cada una de las 12 comisiones permanentes, uno más para el CAL, mientras que el oficialismo tiene tres asesores: dos para el movimiento Alianza País y otro para la bancada. En total hay 319 asesores y 347 asistentes.

Para Rivadeneira, “la mayor inversión es el talento humano, pues son ellos los que generan los aportes para la legislación ecuatoriana” y recuerda que los actuales beneficios no se comparan con los que gozaban antes de la Constituyente del 2008. Por ejemplo: no tienen autos, choferes, guardaespaldas y ya no tienen derecho a ocho colaboradores, como era antes de Montecristi. Wilfrido Lucero, expresidente del Congreso por tres ocasiones, especifica que la mitad eran asesores y la otra mitad, personal administrativo y de servicio.

Con la profesionalización de la política se amplió la posibilidad de que los diputados cuenten con más trabajadores. En 1968 un diputado cobraba por los dos meses en los que se reunía el Congreso (agosto y septiembre) y los 10 restantes vivía de sus ingresos y había un solo secretario para cada bancada política. Dos décadas después, en 1990, un legislador tenía un asesor y una secretaria.

Para el oficialista, Fausto Cayambe, no hay necesidad de más ajustes, pues cree que es una de las instituciones con menos presupuesto de las cinco funciones del Estado, incluso, piensa que se necesitarían más expertos. Luis Fernando Torres, de Tungurahua (Creo-PSC-Cambio) cree que el número de asesores y asistentes “es razonable” pues en el caso de los legisladores de provincia gestionan actividades locales.

Cada organización política tiene un método distinto para escoger a sus colaboradores. Los opositores ponen a gente de confianza o recomendada por la organización política. En Alianza País, uno de los dos asesores es puesto por el legislador y el otro lo selecciona el movimiento de una terna y una de las reglas es pertenecer a la organización política.

El oficialista Virgilio Hernández reconoce que es complicado establecer parámetros para valorar el trabajo de asesores y asistentes. La Contraloría registra un examen especial al personal y está relacionado con la contratación de dos asistentes con posible parentesco con una asambleísta. Rivadeneira asegura que el personal actual se mantendrá pues es “una Asamblea que tiene lo justo para trabajar”.

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