El debate tardó tres horas y tuvo 22 intervenciones. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Lo hizo la mañana de este martes, 13 de junio del 2017. Con 73 votos a favor se aprobaron las objeciones que hizo el expresidente Rafael Correa, el 23 de mayo pasado.
De esta forma la normativa pasara al registro oficial y entrará en vigencia.
Pero aunque el debate debía centrarse en las cuatro objeciones del exmandatario, los asambleístas que intervinieron en el Pleno se concentraron en el Libro 3 de la normativa, que no fue incluido en el veto del exjefe de Estado.
Allí se habla de la creación de un servicio de protección público para resguardar a las autoridades como el Presidente y Vicepresidente de la República. En el Código se indica que ese grupo será conformado por civiles.
Esto fue rechazado por los legisladores de oposición el 5 de mayo, cuando la normativa fue debatida por segunda vez y aprobada en el Pleno.
Ahora, los legisladores opositores también criticaron eso y volvieron a decir que es una ley inconstitucional, pues la Carta Magna, en el art. 158, establece que la Policía y las Fuerzas Armadas son las únicas entidades encargadas de la seguridad interna y externa del Estado.
Además se refirieron a las últimas declaraciones que hizo el 12 de junio el actual presidente Lenín Moreno sobre el servicio público de protección.
El Jefe de Estado en una reunión con la cúpula militar y policial indicó que “para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna instancia que no sea la de ustedes”.
Eso fue citado por el asambleísta socialcristiano, Fernando Torres, quien dijo que con esas declaraciones, el Mandatario dio la razón de que es un grupo “inútil y obsoleto”. Por eso, advirtió que una vez pase al Registro Oficial enviará un proyecto reformatorio para eliminar el Libro 3 y dejar sin efecto al servicio de protección.
La asambleísta por el movimiento Creo, Mae Montaño, también advirtió que tomará la misma acción. Pero añadió que presentará una demanda ante la Corte Constitucional precisamente para que declaren a la normativa anticonstitucional.
Pero en el lado oficialista también hubo reacciones ante las declaraciones del presidente Moreno.
La legisladora Marcela Aguiñaga dijo que se está descontextualizando las declaraciones del Jefe de Estado. De hecho, aclaró que el Mandatario nunca dijo que estaba en desacuerdo con el Libro 3, tampoco rechazó la normativa y mucho menos ha enviado un proyecto reformatorio.
Por eso, pidió a los legisladores opositores que no se tomen las declaraciones del Presidente para “engañar”.
En tanto, Doris Solís, presidenta de la Comisión de Soberanía, que trató el Código, rechazó las declaraciones de los opositores sobre que la normativa es inconstitucional. Por eso citó el art. 393 de la Constitución, en donde se indica que el Estado garantizará la seguridad ciudadana y la planificación de políticas públicas para lograr dicha seguridad.
El debate tardó tres horas y tuvo 22 intervenciones.