El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia iba “en contra del pueblo”. Foto: EFE
La Asamblea Nacional venezolana, cuyas funciones fueron asumidas por el Tribunal Supremo de Justica (TSJ), mediante una polémica sentencia emitida el 29 de marzo de 2017, continuó el 31 de marzo su actividad, mientras el Gobierno negó que se haya consumado un golpe contra la cámara.
La Asamblea continuó este viernes con sus funciones administrativas y su agenda de actividades, en medio de medidas de seguridad reforzadas. A las afueras del edificio, situado en el centro de la capital Caracas, la vida transcurría con normalidad.
También se mantenían los puntos de seguridad con soldados de la Guardia Nacional (policía militarizada). El secretario de la Cámara, José Ignacio Guédez, dijo que los diputados asistirán a la próxima sesión, prevista para el martes 4 de abril, en cuanto se difunda la agenda de debate y los puntos a tratar.
“Ayer no se convocó porque no estaba prevista la sesión. El martes será la sesión y los diputados debatirán la agenda”, dijo a dpa. Agregó que es casi seguro que debatirán la sentencia del TSJ que despojó a los diputados de sus funciones, que ahora serán asumidas por los magistrados.
La Comisión de Contraloría efectuó puntualmente una consulta pública sobre un nuevo proyecto de ley para combatir la corrupción, en la que participó el diputado Guillermo Luces, quien calificó como un acto heroico estar en la sede de la Asamblea en medio de la difícil coyuntura política.
La Asamblea denunció el fallo como un golpe de Estado, dirigido por el presidente Nicolás Maduro para seguir desconociendo las facultades de la Asamblea, a la que acusa de desacato. Por su parte, el Gobierno citó al cuerpo diplomático a una reunión en el TSJ para explicarle la situación de supuesta ilegalidad de la Asamblea.
Al mismo tiempo, negó en una declaración que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. “Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República”, señala la Cancillería en un comunicado difundido el 30 de marzo.
En el texto, el Gobierno repudia lo que llamó la arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que pretenden atentar contra el Estado de derecho en Venezuela y su orden constitucional, asegura.
Esa “coalición”, agrega, ha desatado una “histérica campaña” contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en asuntos internos.
El Gobierno señaló que ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el derecho internacional y el orden jurídico interno “para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela”.