10 de noviembre de 2015 00:00

Asamblea: falta de recursos afecta dos proyectos

La Asamblea necesita USD 115 millones para el 2016 pero el Ejecutivo propone USD 57. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La Asamblea necesita USD 115 millones para el 2016 pero el Ejecutivo propone USD 57. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Paúl Zamora

El bloque de Alianza País (AP) se reunirá hoy para definir a puerta cerrada la Pro forma Presupuestaria del 2016 y para abordar el recorte de ingresos que sufrirá la Asamblea Nacional.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) estableció que para el próximo año necesitaban USD 115 millones para realizar sus actividades. Este rubro comprendía el pago del personal -como inversión más fuerte con USD 49,3 millones-, también el financiamiento del Complejo Legislativo, por USD 31 millones, y los gastos para solventar el mantenimiento de los medios de comunicación legislativos (radio y televisión), que requieren de USD 10 millones anuales. A esto se suman los gastos administrativos por USD 11,6 millones y la capacitación al talento humano por USD 5,3 millones.

No obstante, en la propuesta enviada por el Ministerio de Finanzas no solo que se reduce a USD 57,1 millones el presupuesto legislativo para el 2016, sino que además proyectos como los medios de comunicación y el Complejo se quedarían sin financiamiento.

El legislador Fausto Cayambe, que forma parte del CAL, insiste en que la Función Legislativa es una de las que menos presupuesto recibe. De hecho, AP insistirá, ante el Ministerio de Finanzas, para que se les asigne los USD 115 millones solicitados que corresponden al 0,38% del total de la Pro forma Presupuestaria para el 2016.

De las cinco funciones del Estado la que menos presupuesto recibirá para el próximo año es la Función Electoral, con USD 49,9 millones; seguida de la Legislativa, con USD 59 millones. Muy por encima se sitúan la Función de Transparencia y Control Social que requiere anualmente de USD 239 millones; la Función Judicial necesita 656 millones y el Ejecutivo, 28 816 millones.

Luego de la reunión de la bancada, el oficialismo de la Asamblea concretará esta semana un encuentro con las autoridades económicas del Ejecutivo para llegar a un acuerdo sobre el tema presupuestario.

Pero, ¿qué sucedería con esos proyectos si el Ejecutivo se ratifica en su presupuesto de USD 57,1 millones para la
Asamblea Nacional?

Cayambe dice que hay que esperar, que realizarán los diálogos correspondientes y luego de conversaciones se analizará un ajuste en los proyectos de inversión previstos para el 2016.

Dentro de AP existe un consenso en que proyectos como los medios legislativos no pueden detenerse. El argumento es que son un canal de comunicación directo con la ciudadanía y que refuerzan los derechos. A otros como Diego Salgado (Creo) no le preocupa la desaparición de los medios legislativos, pues asegura que sirven para promocionar lo que hace el oficialismo y sus autoridades.

En julio del 2011 se inauguró oficialmente la radio de la Asamblea Nacional que nació como un esfuerzo para contar con un canal de enlace entre la ciudadanía y los asambleístas.

Mientras las emisiones de prueba de la Televisión Legislativa se iniciaron el 7 de mayo de 2013 y tuvo su origen el 20 de abril de 2010. El entonces presidente del Legislativo, Fernando Cordero, solicitó en ese tiempo al Consejo Nacional de Telecomunicaciones la autorización de 24 frecuencias principales para implementar un sistema de televisión de señal abierta.

Desde el Observatorio Legislativo existe preocupación por la reducción de ingresos para el trabajo de la Asamblea. El director de esta organización, Marcelo Espinel, teme una reducción de personal administrativo y que esto retrase la generación de información o la respuesta a las solicitudes.

Abogan además por que se mantenga el presupuesto para los medios de comunicación legislativos, para que no se afecte la “calidad de información”. En cambio, consideran que la construcción del Complejo Legislativo sí puede esperar: “La Asamblea ha venido realizando sus actividades en el complejo actual, el Estado no está en condiciones de construir nuevas oficinas”.

Miembros de AP como Gabriel Rivera consideran que el Complejo Legislativo puede esperar y sobre el recorte presupuestario dice que “si tiene que haber una optimización debe ser integral”. Él considera que se debe aprovechar mejor los recursos y “dar ejemplo desde las cabezas”.

Propone la eliminación de las tarjetas vip para los asambleístas que toman vuelos y una reducción de la compensación que reciben por vivienda quienes no viven en Pichincha.

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