7 de septiembre de 2015 00:00

La Asamblea Nacional afina procesos para recobrar USD 15 millones

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Paúl Zamora
pzamora@elcomercio.com

En las manos del legislador Mauro Andino (Alianza País), presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, se encuentra el listado de los 52 diputados que el 8 de diciembre del 2004 destituyeron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Está a la espera de la nómina de los diputados que, en la sesión del 25 de noviembre del 2004, hicieron lo mismo con los jueces del ex Tribunal Constitucional.

Hasta el 24 de septiembre próximo esta Comisión deberá identificar a esas exautoridades parlamentarias, con el objetivo de aplicar el principio de repetición y para que asuman económicamente la indemnización que el Estado canceló a los exmagistrados -destituidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez- por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En diciembre del 2004, una mayoría afín al 
Partido Sociedad Patriótica destituyó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante una resolución legislativa. Foto: Archivo / Patricio Terán / EL COMERCIO

En diciembre del 2004, una mayoría afín al 
Partido Sociedad Patriótica destituyó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante una resolución legislativa. Foto: Archivo / Patricio Terán / EL COMERCIO

En noviembre del 2013, tras un litigio de nueve años, el Estado fue condenado a pagar una millonaria indemnización por la destitución de los 27 exjueces y nueve exvocales constitucionales, por considerar que hubo violación de derechos. Esta suma, que bordeaba los USD 15 millones, ha sido cancelada parcialmente, y en marzo del 2016 deberá estar saldada.

Si bien fue la Procuraduría la que llevó la defensa en este caso, el 14 de julio del 2015 el procurador general, Diego García, solicitó a la Legislatura que determinase la identidad de los presuntos responsables de esas violaciones de derechos.

Para el legislador Luis Fernando Torres, quien formó parte del Congreso del 2004 como miembro de la bancada socialcristiana y votó en contra de la destitución, el pedido del Procurador pone a la Presidenta de la Asamblea Nacional “entre la espada y la pared”. La razón es que si Gabriela Rivadeneira no inicia un juicio por repetición, podría ser demandada en un futuro por omisión. En este escenario existe un solo camino: identificar y demandar a los responsables.

Por eso, antes del receso legislativo, la Comisión de Justicia solicitó a la Secretaría de la Asamblea documentos como la convocatoria que Lucio Gutiérrez realizó a las sesiones extraordinarias del Congreso en el 2004, la nómina de los diputados que intervinieron en esas sesiones para conocer quienes votaron a favor de la destitución, quienes se abstuvieron así como los ausentes.

Ese informe final será presentado al Pleno de la Asamblea a finales de mes. Andino cita el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina que los funcionarios públicos son responsables por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus acciones.

Habla de sentar un precedente para que nunca más la Asamblea actué como lo hizo el “viejo Congreso” y que el Estado no puede “cruzarse de brazos” porque la acción legal recaería en contra de ellos.

Gilmar Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica), Luis Villacís (Movimiento Popular Democrático) y Vicente Taiano (Prian), tres líderes de bancadas políticas que el 2004 votaron a favor de la destitución de los jueces y magistrados. Ellos coinciden en que no existen argumentos jurídicos legales ni constitucionales para aplicarles el principio de repetición.

Acusan al Estado de no haber ejercido una adecuada defensa en los casos y acuden al artículo 137 de la Constitución de 1998 (vigente durante el ejercicio de sus funciones) que sostiene que los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Villacís, quien presentó la moción mediante la cual se procedió a destituir a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, recuerda que lo hizo bajo preceptos legales y constitucionales, pues sus miembros habrían fenecido en sus labores y transgredieron la Constitución del 1998, que les dio un plazo concreto para el cumplimiento de sus funciones. Taiano asegura, en cambio, que quienes fueron legisladores en aquella época no tuvieron la oportunidad de defenderse ante las cortes. “Nunca fuimos citados ni se nos pidió nuestra versión. Tomamos una decisión política en un momento político”.

Una vez que la Asamblea y la Procuraduría impulsen una demanda contra los exdiputados para aplicar el principio de repetición, será la Corte Provincial de lo Contencioso la que determine el monto que deberán cancelar al Estado. Según Torres esta suma bordearía los USD 300 000 y el Estado incluso podría embargar bienes inmuebles.

“No voy a pagar, no porque no quiera sino porque no tengo”, dice Gutiérrez, quien califica las acciones de la Procuraduría y de la Asamblea como una “persecución política”. Sospecha que la intención del Gobierno es querer sacarles del juego político a quienes están en actividad al declararlos insolventes, ante la imposibilidad de cancelar sumas “millonarias” a modo de reparación.

En contexto
El 8 de diciembre del 2004, 52 diputados destituyeron
a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entre los legisladores que apoyaron la destitución se encontraban Omar Quintana, Ximena Bohórquez, Silvana Ibarra, Sylka Sánchez, entre otros.

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