21 de mayo de 2016 00:00

En la Asamblea Nacional buscan apuntalar fiscalización

La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) rige a los asambleístas desde el 2009. Foto: EL COMERCIO

La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) rige a los asambleístas desde el 2009. Foto: EL COMERCIO

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Diego Puente

Siete propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se procesarán en estos días. La norma, que rige a los asambleístas, está vigente desde el 2009.

¿Cuál es el principal cambio que exige la oposición? Igual que en el período anterior, este sector pide reformas en el proceso de calificación para juicio político. Mae Montaño, de Creo, plantea que sea el Pleno el que apruebe o rechace las solici­tudes y no la Comisión de Fiscalización.

¿Por qué? Esta mesa tiene mayoría de Alianza País y por ello ningún pedido de juicio prospera. En los últimos tres años, tres procesos se acogieron en la Comisión y ningún trámite se convirtió en juicio.

Durante la presidencia de Gabriela Rivadeneira se creó la Unidad Técnica de Fiscalización. Los legisladores no pueden solicitar información directamente a instituciones del Estado, deben hacerlo a través de ese filtro.

“Eso vuelve engorrosos los trámites”, dice Montaño. Para Rivadeneira, existen los mecanismos para fiscalizar y no convertir eso en un show.

Entre sus planteamientos de reforma a la Ley Legislativa, Rivadeneira dice que esta Unidad debe ser un órgano asesor adscrito a la Presidencia.

Wilson Chicaiza, de Creo, también sugirió que la Comisión de Fiscalización sea integrada por un representante de cada una de las bancadas legislativas y movimientos o partidos políticos de carácter nacional que tengan representación. Lo que no ocurre hoy.

Henry Cucalón, PSC-Madera de Guerrero, quiere que se agregue un inciso para someter a juicio político a todo funcionario con rango de Ministro de Estado. Así, busca evitar que los secretarios nacionales “se escuden del control”.

Cucalón también solicita que los pedidos de información que se hagan a las entidades públicas sean respondidos en 10 y no en 15 días.

En total, 40 artículos están en observación. La Comisión de Participación Ciudadana, a cargo de tratar esta reforma, tendrá un informe para primer debate en el Pleno la primera semana de junio. La meta es concretar los cambios hasta agosto. Así lo confirmó su presidenta, Johana Cedeño.

La oficialista indicó que de los siete legisladores que han presentado proyectos de reforma, cinco pertenecen a la oposición y dos son de Alianza País.

En los proyectos de reforma también se plantean otros temas, relacionados al ejercicio legislativo. Por ejemplo existen dos pedidos para que los asambleístas no puedan leer los discursos preparados en sus intervenciones en el Pleno.

Cynthia Viteri, del PSC - Madera de Guerrero, y el independiente Ramiro Aguilar argumentan que el legislador debe estar preparado para exponer su pensamiento de modo fundamentado. Lo contrario desnaturaliza su función.

Rivadeneira también hizo una propuesta que genera debate en su misma bancada. Pide sancionar a los legisladores que no acudan al 40% de sesiones a comisiones y al Pleno con la destitución del cargo.
La Presidenta admitió que incluso en Alianza País hay casos de asambleístas que reiteradamente se ausentan, ella ha enviado tres nombres a la Comisión de Ética. El debate se genera porque legisladores de oposición y oficialistas opinan que solo el elector debería impulsar la revocatoria.

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