23 de November de 2009 00:00

La Asamblea analizará la denuncia de 13 convenios

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Redacción Política

El Ecuador siente que juega en desventaja en las cortes internacionales de arbitraje. Por eso, el Gobierno solicitó a la Asamblea que entregue su aval para anular 13 convenios recíprocos de inversiones.



3
años
   en promedio
 se demora una demanda en uno de estos tribunales internacionales.Esa intención puede marcar el futuro de las relaciones diplomáticas y comerciales del país con países considerados amigos de Ecuador.  Los acuerdos que pretenden eliminarse fueron los suscritos con Estados Unidos, Alemania, Argentina, Canadá, China, Chile, Finlandia, Francia, Países Bajos,  Reino Unido, Suiza, Venezuela y Suecia.

La mayoría fue suscrita en los años  noventa y tienen un tiempo de vigencia de 10 años. Tienen un componente especial:  se elige al  Ciadi, que pertenece al Banco Mundial y a la Comisión de las NN.UU. para el Derecho Mercantil Internacional, como instancia para dilucidar diferencias.

Es aquí donde se respalda la decisión de Gobierno de denunciar esos tratados.  El viceministro de Comercio, Julio Oleas, manifestó  que los 13 convenios en referencia contradicen el artículo 422 de la Constitución, que establece la prohibición de celebrar instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de un arbitraje fuera de nuestra nación.



Las demandas

Entre  2001 y  2003,  se pre-
sentaron tres demandas arbitrales.
Antes de eso, la Procuraduría no tenía una oficina para trabajar en esos procesos judiciales.

De 2004 a 2006  aparecieron nueve casos nuevos. Entre ellos Chevron 1, Emelec, Oxy, City Oriente, que terminaron.

En  2007  no  se presentaron demandas, pero seguían pendientes las que se presentaron anteriormente.

Cinco demandas  se presentaron en  2008, luego de la emisión de la ley que obligaba a las petroleras a dividir en un 50% los excedentes petroleros. De ellos, solo el caso de Petrobras (Brasil) ya concluyó.

En 2009  se presentaron tres demandas y el Estado ha recibido la notificación de cuatro empresas que han evidenciado su intención de acudir a un arbitraje. Quiport y Contundo son los más importantes.Pero también existe  el detalle de que el Gobierno no cree que el Ciadi sea la instancia adecuada  acudir a una arbitraje. 

En ese tribunal internacional se encuentran varios procesos contra el país y en a criterio del funcionario, en ese escenario los dardos están cargados a las empresas extranjeras. Un ejemplo, solo tres controversias que se tramitan en el Ciadi han sido solucionadas, pero por una vía amistosa.

Oleas dijo que existe la intención del Ejecutivo de denunciar  su participación (renuncia) en el Ciadi, desde enero del próximo año, y optar porque  sistemas regionales como  la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba) sean el escenario para dilucidar los problemas de inversiones y arbitrajes.

Otro detalle que confirma esta hipótesis es que el Ejecutivo no ha pedido ningún pronunciamiento de tratados similares que se firmaron  con España, Italia, Bolivia y con Perú. En ellos, el Ciadi no aparece como espacio para definir conflictos.

Para el asambleísta   Fausto Cobo (PSP), esta decisión es de “carácter ideológico y no se percata de las repercusiones que pudiera generar la eliminación de  esos acuerdos y dejar que organismos regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) mueran  lentamente para impulsar la Alba, que no sabemos si perdurará”.

Sin embargo, el representante de la Cancillería explicó que el Gobierno está consciente de los peligros que aparecerían, pero que tiene alternativas   para aplacar las consecuencias. Una puede ser acudir a la Organización Mundial de Comercio para solucionar cualquier inconveniente.

“Ese es un tema delicado”, aseguró el asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Soberanía, Fernando Bustamante. Según el legislador, hay que analizar los efectos políticos, económicos, comerciales, jurídicos y diplomáticos de denunciar la vigencia de esos 13
convenios.

La Comisión debe presentar hoy su informe al Pleno, aunque Bustamante no quiso adelantar las recomendaciones que harán a la Asamblea, sostuvo que se evaluaron  las consecuencias que dejaría esa decisión. 

 El procurador, Diego García, aseguró que es necesario que se visibilice ese problema, porque desde 2006 se incrementaron las demandas arbitrales para el país. Actualmente, hay 11 vigentes y cuatro notificaciones de empresas que desean llegar a una instancia de arbitraje.

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