3 de junio de 2015 12:18

Los USD 13,5 millones para la compra de los 40 articulados están desbloqueados

Los articulados circulan en la ciudad de Quito. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO

Los articulados circulan en la ciudad de Quito. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco

Los USD 13,5 millones otorgados por el Banco del Estado (BdE) al Municipio de Quito, para la compra de 40 nuevos articulados, fueron desbloqueados. La restricción de disponer de estos recursos fue levantada el viernes 29 de mayo, informó este 3 de junio Alexandra Pérez, administradora general del Municipio de Quito.

Esta resolución según la funcionaria se tomó, luego de que el Municipio demostrara que se cumplió con todos los requisitos del convenio de asignación de recursos económicos no reembolsables, firmado con el BdE. “Con la revocatoria de la medida se admite que cumplimos con el convenio", mencionó Pérez.

En marzo pasado, la entidad financiera estatal resolvió congelar los USD 13,5 millones asignados al Municipio para la compra de estos buses, debido a incumplimientos del convenio, entre los cuales estaba el tema de la publicidad, usar los recursos antes de tiempo, emplear un mecanismo para la compra distinto al establecido, ente otros.

A raíz de esto, el Cabildo conformó un equipo para recuperar este dinero y no afectar así a las finanzas de la ciudad.

Una de las medidas más visibles fue la colocación de adhesivos en las nuevas unidades, donde se destaca el aporte del Banco del Estado y de la Revolución Ciudadana.

El 'sticker' esta ubicado junto al logo inicial que colocó el Municipio de Quito cuando entraron en circulación las flamantes unidades, el 5 de marzo pasado. En el primer adhesivo se lee financiado por: "Banco del Estado". Y, en el otro, dice: "Financiamos 40 buses para Quito. Banco del Estado. La Revolución Ciudadana Avanza".

Según la gerenta del Banco del Estado, Verónica Gallardo, en una entrevista anterior, el Municipio no colocó el arte gráfico propuesto por la entidad en los buses. Este era un requisito para transparentar el origen de los recursos económicos destinados para la compra de los articulados.

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