4 de noviembre de 2016 11:34

Expresidenta Fernández ya no recibirá USD 21 000 mensuales de jubilación 

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a su salida de los tribunales de Buenos Aires, donde afirmó que ha pedido a través de un escrito la nulidad del caso de presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a su salida de los tribunales de Buenos Aires, donde afirmó que ha pedido a través de un escrito la nulidad del caso de presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato. Foto: EFE

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Agencia EFE

El Gobierno argentino suspendió la jubilación que recibe la expresidenta Cristina Fernández porque ya cobra otra por su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner, y ahora la ex jefa de Estado deberá optar por uno de los beneficios y devolver el dinero que cobró por el otro.

Así lo confirmaron el viernes 4 de noviembre del 2016 a Efe fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, cuya titular, Carolina Stanley, firmó la resolución que suspende el pago de la asignación mensual vitalicia que le fuera otorgada a Cristina Fernández por haber desempeñado la Presidencia entre 2007 y 2015.

La resolución establece que ese beneficio estará suspendido hasta tanto la exmandataria opte entre esa jubilación y la pensión que cobra tras el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien murió en octubre de 2010.

Una vez que haga efectiva la opción, Fernández deberá devolver al Estado todo lo cobrado por la jubilación que elija no recibir más, a partir del momento en que se produjo la incompatibilidad.
Cristina Fernández sumó su jubilación vitalicia el 10 de diciembre de 2015, cuando traspasó la Presidencia a Mauricio Macri.

Según medios locales, la expresidenta cobra actualmente unos USD 21 700 dólares mensuales por ambos beneficios, sin los descuentos impositivos que se aplican.

La medida del Ministerio de Desarrollo Social se basa en una ley que establece que toda asignación especial resulta incompatible con el goce de una pensión o jubilación estatal convencional.

En su resolución, Stanley instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social para que, "de resultar necesario, vencidos los plazos correspondientes, se inicien las acciones judiciales pertinentes".

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