21 de octubre de 2016 18:52

Amplían acusación contra Fernández por irregularidades en obra pública

A Cristina Fernández de Kirchner se le amplió la imputación por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su período de gobierno en Argentina. Foto: Archivo/ AFP

A Cristina Fernández de Kirchner se le amplió la imputación por irregularidades en la concesión de obras públicas durante su período de gobierno en Argentina. Foto: Archivo/ AFP

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Agencia EFE

La Fiscalía argentina amplió hoy 21 de octubre del 2016 la acusación contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques presentaron un dictamen ante el juez a cargo del caso, Julián Ercolini, en el que aportaron más pruebas sobre presuntas maniobras para dirigir la adjudicación de obras públicas a favor de empresarios como Lázaro Báez, afín al kirchnerismo, durante 12 años.

El magistrado investiga el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos" para el grupo Austral, propiedad de Báez -actualmente en prisión preventiva por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

En agosto, Pollicita y Mahiques solicitaron al juez que Fernández fuera llamada a declarar por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública.

Inicialmente, estaba previsto que la exmandataria se presentara ayer ante la Justicia, pero la pasada semana Ercolini decidió aplazar su declaración unos días debido a una petición de la propia Fernández por el inminente nacimiento de su nieta, que finalmente tuvo lugar este viernes.

La Fiscalía ve indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, quien tenía una estrecha relación con el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de Fernández.

El caso, abierto en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una "organización criminal" ideada para "beneficiarse ilegítimamente" con el dinero público en "consecuente y grave detrimento" de las arcas públicas.

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