8 de febrero de 2018 10:00

Aplicación de la pregunta 3, en riesgo por demanda ante Corte IDH

El presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de las funciones. Foto: Paúl Rivas /EL COMERCIO

El presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de las funciones. Foto: Paúl Rivas /EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo

La principal apuesta política del Gobierno -la consulta popular- podría truncarse si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acoge el pedido de medidas provisionales solicitadas por tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

Un pronunciamiento favorable de la Corte frenaría la conformación del nuevo consejo de transición y también el cese de los actuales consejeros. Al menos hasta que el caso se ventile en la Corte IDH.

En la demanda presentada por Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera se argumenta que la destitución de un consejero (tal como lo establece la Constitución) puede hacerse únicamente a través de un juicio político en la Asamblea. Y que la designación de esas autoridades debe ser a través de un concurso de méritos y oposición. No en las urnas, como se planteó en la pregunta tres de la consulta popular.

Los tres consejeros presentaron el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de diciembre del 2017. El martes 6 de febrero pasado, ese organismo envió el pedido a la Corte IDH. Tan pronto como se conoció del trámite, el Gobierno ecuatoriano se activó.

Sobre todo por el tono del contenido del escrito que llegó a la Corte. “La CIDH identificó que la situación planteada por los propuestos beneficiarios podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales”, se lee.

La Cancillería fue la primera en expresar públicamente su rechazo al accionar de la Comisión. Se llamó a consulta al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador José Valencia.

“El pueblo ecuatoriano expresó de forma abrumadoramente mayoritaria su respaldo a las propuestas emanadas del amplio diálogo sostenido por el presidente Lenín Moreno con diversos actores de la sociedad”, anotó la Cancillería.

En la pregunta 3, con el 99% del escrutinio nacional, el sí se mantenía como ganador hasta ayer por la tarde con el 63,08% de votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con base en esos resultados, el presidente Lenín Moreno convocó a todas las funciones del Estado a expresar ante los organismos internacionales una posición de defensa a la voluntad de la población en las urnas. Hasta la tarde de este miércoles, 7 de febrero del 2018,  sus representantes estuvieron reunidos a puerta cerrada.

Moreno dijo que se comunicó con Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos para manifestarle que así como Ecuador es respetuoso de los organismos internacionales, también hará “respetar el mandato popular”.

La Corte IDH está conformada por siete magistrados. El ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, quien en 2015 fue defendido por el expresidente Rafael Correa ante las críticas que hubo por su designación. Defensores y profesores de Derechos Humanos suscribieron un manifiesto rechazando la candidatura de Pazmiño.

Otro magistrado es Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina, quien fue asesor legal de la expresidenta Cristina Fernández. Públicamente se ha alineado con el discurso político del socialismo del siglo XXI que también embanderó el Gobierno ecuatoriano anterior y ha defendido a Fernández frente a las acusaciones por casos de corrupción.

La lista se completa con los reconocidos juristas: Eduardo Ferrer Mac-Gregor, de México, quien tiene el cargo de Presidente. El chileno Eduardo Vio Grossi (vicepresidente), Humberto Antonio Sierra Porto, de Colombia, Roberto F. Caldas, de Brasil, Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica.

Para dar paso a las medidas provisionales solicitadas por los consejeros ecuatorianos se necesita de una mayoría en la Corte IDH. El organismo no tiene un plazo específico para pronunciarse y tiene la potestad de establecer acciones vinculantes para el Ecuador.

Ecuador pudiera sortear la posibilidad de que se establezcan esas medidas cautelares, dando paso de forma inmediata a los cambios aprobados en la consulta popular.

Si eso ocurre antes de que la Corte IDH tome una decisión, la imposición de cualquier medida preventiva no tendría sustento jurídico conforme lo establece el artículo 63 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, advierte el constitucionalista Ismael Quintana.

En los anexos de la pregunta 3 de la consulta popular se señala que para cesar en las funciones a los actuales consejeros y nombrar a los del ente transitorio se requiere de la publicación de los resultados oficiales del proceso electoral.

Hasta este miércoles, el Consejo Nacional Electoral aún esperaba las últimas actas con inconsistencias de la provincia de Morona Santiago y de las tres circunscripciones del exterior.

Al ser un número reducido de observaciones, se esperaba que hoy puedan ser tramitadas y que el Pleno del CNE anuncie los resultados finales y la apertura del proceso de impugnación.

Las organizaciones sociales que hicieron campaña por el no adelantaron que agotarán todos los recursos en los organismos electorales. De acuerdo con los plazos existentes para atender los reclamos, la siguiente semana se podría proclamar los resultados oficiales.

Entonces, el CNE debe enviar al Registro Oficial para su publicación, lo que podría ocurrir el 14 de febrero, si no se dan contratiempos.

Mientras eso ocurre, abogados independientes del país pusieron a disposición sus servicios gratuitos para defender al Estado. Entre ellos Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha; Ramiro Ávila, de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB); Farith Simon y Juan Pablo Albán, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Ellos concuerdan en que lo ocurrido evidencia el mal manejo de la política exterior del Gobierno y la ausencia de un servicio diplomático fuerte en los organismos internacionales.

También la falta de un representante en el Ministerio de Relaciones Exteriores que conozca de la materia y que permita dejar en el pasado una política basada en la ideología y no en el pragmatismo, como lo refirió García.

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