4 de julio de 2018 00:00

Anomalías en la gestión del CNE, en un informe de evaluación

Un colectivo ciudadano pidió al CNE una certificación sobre las organizaciones que participarán en las seccionales. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Un colectivo ciudadano pidió al CNE una certificación sobre las organizaciones que participarán en las seccionales. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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A contrarreloj. Así tuvieron que terminar los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) las pruebas de descargo, que debían presentar el martes, 3 de julio del 2018, ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

Ellos habían pedido una prórroga de seis días adicionales para cumplir con ese trámite. Y el Cpccs tenía previsto analizar el martes -sobre el límite del tiempo- la concesión de un nuevo plazo. Sin embargo, al final la sesión se suspendió.

Esa decisión se conoció cerca de las 12:30. En ese momento, los despachos de los cinco consejeros electorales apresuraron la revisión de los documentos de pruebas, ya que si no alcanzaban a presentarlos tendrían que aceptar las resoluciones del Cpccs sin haberse defendido de los cargos.

El informe de evaluación, que es de carácter reservado y preliminar, tiene 250 páginas y analiza los informes de gestión de los integrantes del CNE con base en los parámetros de evaluación: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos y transparencia.

También, se toman en cuenta las 50 denuncias que la ciudadanía hizo en contra de los funcionarios. Por ejemplo, Yasunidos observó irregularidades en el conteo de firmas para una consulta popular.

Otras denuncias registradas fueron la no posesión de Solanda Goyes en el 2014 tras la renuncia de Gloria Toapanta, la demora en la convocatoria a procesos de revocatoria de mandatos y la exclusión de la candidatura de Fernando Villavicencio en los comicios legislativos de febrero del 2017.

El equipo evaluador encontró ilegítimos los cargos de cuatro de los cinco consejeros. Salazar, Villacís, Paredes y Haro terminaron su período en noviembre del 2017 y están prorrogados. “Actúan cuando su período ya se ha vencido y bajo una inconstitucional autoprórroga”, se indica.

En cuanto al segundo parámetro: el cumplimiento de funciones, el informe analizó y encontró supuestas irregularidades en siete casos: la selección del Cpccs en el 2015, la garantía de los derechos de participación, la cancelación de los registros electorales de los movimientos Ruptura y Popular Democrático (MPD), el desconocimiento de la Izquierda Democrática, la no entrega del fondo partidario a Pachakutik y el caso Yasunidos.

Sobre el manejo económico del CNE, se analizan cinco contratos y la adjudicación de responsabilidades a un funcionario. “De la revisión de los contratos antes mencionados, se desprende que existen distintas irregularidades”, dice la conclusión de este punto.

En el ítem de transparencia, el Cpccs constató que todos los consejeros han presentado sus declaraciones periódicas. Pero “se nota un incremento sustancial del patrimonio”. Por eso piden a la Contraloría y al SRI que investiguen el origen de estos ingresos.

Al igual que en el caso del Consejo de la Judicatura -cuyo resultado fue el cese de todos sus exintegrantes-, los vocales del CNE incumplieron con todos los parámetros.

Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del CNE, indicó que los consejeros electorales enfrentan la evaluación de manera individual. Cada quien preparó sus pruebas.

Ahora, según el reglamento del Cpccs, el Pleno deberá definir una fecha -en un máximo de 10 días- para que los evaluados argumenten sus pruebas de manera oral. Cada quien tendrá 30 minutos para hablar y luego absolverán las dudas de los consejeros transitorios.

Tras la audiencia, el Cpccs tendrá cinco días más para decidir si la actual conformación del CNE sigue en el cargo o si son cesados. La decisión quedará en firme luego de tres días, durante los cuales se podrá impugnar.

En caso de que se determine la destitución, el Consejo transitorio tendrá la atribución de encargar el manejo del CNE a cualquier ciudadano, como ocurrió con la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.

Ante la posible cesación, seis representantes de veedurías ciudadanas solicitaron el 3 de julio al CNE la información actualizada sobre la cantidad de organizaciones registradas.

Néstor Marroquín, uno de los solicitantes, señaló que también se pidió el número de firmas de respaldo presentadas. Además, se solicitó que se informe la cantidad de movimientos que están en proceso de inscripción.

El objetivo es cotejar las firmas disponibles para saber si se podrían inscribir más organizaciones, de cara al proceso del 24 de marzo del 2019. Esta iniciativa busca garantizar la transparencia de los próximos comicios, en caso de que haya un cambio de autoridades.

En contexto

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio se reunirá hoy para conformar las comisiones de designación del nuevo Procurador General y de los titulares de las superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Control del Poder de Mercado.

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