Aun cuando Paquistán lidera la lista de países donde más periodistas han caído en cumplimiento de su labor informativa según el registro anual del Committee to Protect Journalists (CPJ), la violencia letal contra la prensa ha vuelto a México en el país más peligroso del continente para el ejercicio del periodismo, socavando el derecho humano básico a la libertad de expresión, y dañando la salud de la democracia mexicana.
El año que está por culminar ha sido aciago para reporteros y medios de comunicación. El CPJ ha registrado un total de 10 periodistas caídos, al menos tres de ellos en represalia por su trabajo periodístico. El fracaso rotundo del Estado mexicano en la procuración de justicia —más de 90% de los casos permanecen en la impunidad— vuelve mucho más complejo de establecer si los crímenes tuvieron relación con el ejercicio profesional.
El CPJ viene documentando registros minuciosos de los casos de periodistas caídos por su labor desde 1992. A través de investigaciones independientes, el plantel del CPJ examina y coteja las circunstancias de cada asesinato. La organización determina, a través de las investigaciones, que un caso está vinculado con la labor informativa del periodista, sólo cuando su plantel tiene certeza que un reportero cayó en represalia por su trabajo, en fuego cruzado, o desempeñando una tarea riesgosa.
Pero como ocurre en México y otros países del mundo donde prevalece la impunidad en las investigaciones de estos delitos, la mayoría de los asesinatos permanecen sin resolver. Si la motivación no se ha podido establecer, pero existe posibilidad de que un periodista haya caído por su trabajo, el CPJ clasifica el caso como “no confirmado” y la organización sigue monitoreando la investigación. La lista del CPJ no incluye reporteros que murieron a raíz de enfermedades o en accidentes, a menos que haya derivado de acción hostil.
Según estimaciones oficiales, 4 años después de la asunción del presidente Felipe Calderón, se han registrado más de 30 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado. En este contexto, algunas voces han señalado que el asesinato y desaparición de más de 30 reporteros en este periodo, representa sólo daño colateral en una guerra cruenta que enfrenta a los poderosos carteles de la droga contra las fuerzas de seguridad. Se trata de un argumento falaz que no resiste el menor análisis. El asesinato de periodistas constituye un ataque frontal y directo contra toda la sociedad. Es una embestida franca contra el derecho de la sociedad mexicana a la libre expresión y acceso a la información. Se trata de información de interés público que afecta la vida diaria de miles de ciudadanos. Los crímenes contra periodistas son, en definitiva, un atentado contra la estabilidad de la democracia.