30 de abril de 2018 00:00

La familia de Marcelo Muñoz vive un drama hace casi cinco años

Yolanda Buitrón no pierde la esperanza de volver a ver a su esposo, Marcelo Muñoz. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO.

Yolanda Buitrón no pierde la esperanza de volver a ver a su esposo, Marcelo Muñoz. Foto: Francisco Espinoza para EL COMERCIO.

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Redacción Sierra Norte

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Este no es un secuestro político, tampoco por venganza. Este es un secuestro extorsivo. La frase la pronunció un hombre, que portaba un fusil y una radio portátil de comunicación. A Yolanda Buitrón, esposa de Marcelo Patricio Muñoz Loza, esas palabras le quedaron grabadas en la mente desde aquel 1 de junio del 2013.

En el hogar del ibarreño de 56 años, su ropa, libros y todas sus pertenencias están en el mismo lugar donde las dejó.

Como todos los sábados, ese 1 de junio, Muñoz y su esposa se desplazaron desde Ibarra hasta Yahuarcocha. Aprovecharon para visitar a los padres de Muñoz, quienes tienen una casa de descanso cerca de allí.

A Muñoz, un ingeniero civil, le gustaba caminar por la orilla de la laguna. Era su forma de romper la rutina de la semana de trabajo. Sin embargo, ese día no hizo la caminata, ingresó primero a la casa de sus padres para ver cómo avanzaba una reforma en una cabaña.

En cuestión de minutos, cuatro hombres vestidos de civil, que portaban armas de fuego, y una mujer, que llevaba un machete, entraron abruptamente a la propiedad. A todos les ordenaron hacer silencio.

Luego de atar con cuerdas y amordazar a los padres de Muñoz, le exigieron a él y a su mujer subir en el vehículo familiar. Les pidieron que “colaboraran” y dijeron que tenían retenida a una de las hijas de la pareja. Así, el vehículo avanzó hasta la salida norte de Ibarra.

Los armados cambiaron de carro. Los obligaron a subirse en el asiento posterior de una camioneta, que tenía una cabina en el balde. Con la cabeza al piso y vigilados por hombres armados, avanzaron por la vía Ibarra-San Lorenzo, que conecta a las provincias de Imbabura con Esmeraldas.

Cruzaron el puesto de control policial de San Jerónimo. Pero el vehículo no fue revisado. No había ni un agente, recuerda la mujer. Tras dos horas de viaje descendieron del vehículo y caminaron por una montaña, cubierta por una espesa vegetación hasta arribar a un improvisado campamento.

Los armados informaron que pertenecían a un grupo subversivo de Colombia, aunque no dieron nombres. Les reiteraron que el plagio era por dinero y revelaron que no tenían a su hija. Que fue una trampa para que no se resistieran.

En Ibarra la familia estaba angustiada. Mientras tanto, los rehenes y sus captores caminaban en el día y descansaban por la noche.

La mujer que llevaba el machete se encargaba de preparar los alimentos en una pequeña cocina que funcionaba con gasolina. Cada tarde les ofrecían arroz con fideo, con plátano o con fréjol y una avena con agua y azúcar.

Luego de 17 días, los captores liberaron a Buitrón. Pero le advirtieron que buscara dinero para el rescate de su esposo. La dejaron en una zona vecina a la vía Ibarra-San Lorenzo.

“Era mucha plata. Una cifra imposible de reunir”, comenta la mujer, sin dar montos. Luego de seis meses de súplicas y negociaciones a través del teléfono, los secuestradores aceptaron recibir una cantidad menor de lo que exigían. De esas negociaciones estuvo al tanto la Policía, que les brindó asesoramiento, dicen los familiares.

Durante ese tiempo los secuestradores enviaron videos con imágenes del retenido, como prueba de vida. La familia estaba desesperada. Yolanda Buitrón no podía vender los bienes ni hacer préstamos para recolectar el dinero. Para eso le exigían la firma de su esposo.

Con el apoyo de familiares y amigos reunieron la suma acordada para el rescate. Entregaron el dinero en una zona desolada de La Florida, un poblado cercano a la ciudad de Pasto, en Nariño, Colombia. Cuatro personas a bordo de motocicletas se llevaron la plata que estaba guardada en maletas.

La familia de Muñoz habló por teléfono con quien decía ser jefe del grupo y le comunicó del pago. Él les respondió que no se preocuparan, que el secuestrado estaba en Colombia, que esa era su zona, que “de ahí en adelante todo corría por su cuenta”. Les dijo que liberarían a Muñoz frente a San Lorenzo. “Nosotros cumplimos y ellos no”, se lamenta la mujer, mientras abraza unas fotografías de su esposo.

La última vez que tuvieron comunicación con los captores fue el 1 de mayo del 2014. El representante del grupo irregular aseguró que no le llegó el dinero. Ese fue el inicio de otro drama que no acaba.

Mañana (1 de mayo del 2018) se cumplirán cuatro años de ese contacto y Buitrón todavía llora al recordar.

Varias veces la familia tuvo que viajar a Colombia para presentar denuncias. Otras para escuchar a gente que decía saber algo, pero pedía dinero a cambio. Nunca hubo nada concreto, asegura Buitrón. Incluso se decía que los secuestradores vendieron al ecuatoriano al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero dirigentes de esta organización lo negaron.

Hace dos años, la madre de Muñoz falleció. Se murió de la pena, aseguran sus nietos.

La familia manejó el caso con reserva, por recomendación de la Policía. Pero luego de que se revelara lo ocurrido con un equipo de prensa de diario EL COMERCIO, secuestrado por un grupo disidente de las FARC el 26 de marzo en Mataje, Esmeraldas, decidieron romper el silencio y clamar justicia.

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