25 de septiembre de 2016 10:19

Caso Angostura aún tiene cabos sueltos

En el bombardeo al campamento de las FARC en Angostura murieron 2 5personas, incluido Raúl Reyes. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En el bombardeo al campamento de las FARC en Angostura murieron 2 5personas, incluido Raúl Reyes. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Arturo Torres

Angostura, un rincón de la selva ecuatoriana, fue el paraíso y el infierno de las FARC. En un campamento ubicado en ese sector se refugiaba el segundo al mando de ese grupo, Raúl Reyes. El 1 de marzo del 2008, él y 24 ­personas más, incluidos el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos, encontraron la muerte tras un bombardeo dirigido por las Fuerzas Armadas colombianas.

Ocho años más tarde, ese grupo irregular está a punto de dejar las armas, pero en Ecuador aún quedan cabos sueltos. El principal: revelar cuál fue el nivel de contactos de diferentes personajes y exfuncionarios ecuatorianos con los subversivos.

Para investigar los alcances de esos nexos en el país se abrieron dos procesos judiciales, impulsados por la Fiscalía: uno por un supuesto atentado contra la seguridad interna del Estado y otro por el presunto asesinato de 25 personas en Angostura. Este Diario revisó esos expedientes, que están radicados en Sucumbíos.

En la primera etapa, los casos se movieron con gran agilidad. Especialmente la causa 21253-2009-0562. Entre los primeros que rindieron sus versiones estuvieron Gustavo Larrea, exministro de Seguridad, y José Ignacio Chauvín. Luego del bombardeo se conoció que Larrea se había reunido con Reyes. “En esa reunión estuvieron delegados de 12 países dentro de una misión organizada por la Cruz Roja Internacional, para pedir la liberación de secuestrados. Fue un esfuerzo muy positivo por la paz que logró liberar a Clara Rojas y a Consuelo Perdomo”, recuerda Larrea.

Chauvín, quien fue su asesor y parte de Alianza País, admitió haber estado con el jefe subversivo siete veces. Él mantuvo reuniones con los hermanos Édison y Jeferson Ostaiza, acusados de ser los cabecillas de una red de narcotráfico, vinculada con el frente 48 de las FARC. Chauvín, de hecho, también estuvo vinculado a ese juicio, pero luego fue absuelto en ambas causas penales. Confirmó las citas con los Ostaiza pero negó conocer su relación con el narcotráfico.

Además, fueron investigados y rindieron sus versiones el coronel (r) Jorge Brito, así como el general (r) René Vargas, exembajador de Ecuador en Venezuela. En 2003, él visitó a Reyes en un campamento en el Putumayo. Ambos descartaron cualquier vinculación ilegal con las FARC. Una hacienda de Vargas en la Bocana del Búa, en Santo Domingo de los Tsáchilas, fue arrendada al colombiano ‘Casimiro’, que fue identificado por la Comisión de Transparencia del caso Angostura como Oliver Solarte, jefe del tráfico de drogas del bloque sur de las FARC. Era el enlace con los carteles mexicanos y también estuvo ­vinculado con los hermanos Ostaiza, según la Comisión. En el 2011, Solarte fue abatido por las fuerzas colombianas en San Miguel (Putumayo), en la frontera con Ecuador. Vargas dijo desconocer quién era ‘Casimiro’.

Durante el proceso, las autoridades judiciales intentaron en vano extraditar desde Nicaragua a las tres sobrevivientes del bombardeo, que tenían orden de prisión: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez. Morett vive en México y se dedica al teatro, mientras las colombianas siguen asiladas en Nicaragua, al igual que Nubia Calderón. Ella era, a su vez, pareja de Franklin Aisalla, que según sus familiares estuvo en Angostura por accidente. Aunque Inteligencia lo ubicaba como un doble agente que elaboraba informes para la CIA.

En este caso estuvo detenido el escritor y sociólogo quiteño, Julio César Vizuete. Durante la investigación se confirmó que en el 2006 acudió en unas 10 ocasiones a campamentos donde Reyes se refugiaba. En julio del 2009, el Gobierno entregó a la Fiscalía uno de los 17 cuadernos que escribió, recogiendo el pensamiento y preocupaciones de Reyes, quien le había pedido que con todo ese material escribiera un libro.

Ese cuaderno fue hallado por una patrulla del Ejército en una base guerrillera de Tasé, en Puerto El Carmen.

Vizuete permaneció preso un mes. Y en noviembre del 2014 recibió el sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal de Garantías Penales, puesto que no fue “encontrado subvertiendo el orden público, dirigiendo grupos guerrilleros o participando en ellos como activista o agitador”. Aunque este fallo fue apelado por el fiscal de la causa, Carlos Jiménez, lo más probable es que sea ratificado, con lo cual el proceso que investigó un supuesto atentado a la seguridad del Estado sería archivado.

El otro juicio (21101-2011-0129), que investiga el asesinato de las 23 personas que estaban en Angostura, sigue abierto. Es más, este año fue anulado por el Tribunal de Garantías Penales.

En este proceso fue sobreseído el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pues goza de fuero diplomático (él era Ministro de Defensa cuando ocurrió el ataque). Y fueron llamadas a juicio las autoridades que dirigieron el bombardeo: Freddy Padilla, Óscar Naranjo, Mario Montoya, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Álvarez. Según informes periciales, varias de las víctimas no murieron en el bombardeo; fueron ejecutadas luego por militares colombianos. Eso configura, según la Fiscalía, el asesinato. Además, Colombia admitió que atacó territorio ecuatoriano sin el consentimiento del gobierno de Rafael Correa, que entonces rompió relaciones con ese país. La nulidad, que implica que el proceso debe volver a tramitarse desde el dictamen fiscal, fue propuesta por la Defensoría Pública. Se alegó que los procesados no fueron notificados y no pudieron defenderse.

En le exterior este caso también es investigado por la Corte Penal Internacional, por una demanda de los padres de los mexicanos fallecidos.

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