22 de febrero de 2017 00:00

Amnistía Internacional: Críticos sufren acoso y se niegan derechos a indígenas en Ecuador

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Agencia EFE

La crítica a las autoridades en Ecuador acarrea el riesgo al "procesamiento, acoso e intimidación", según Amnistía Internacional (AI), que denuncia las restricciones a la libertad de expresión y de asociación en el país andino.

En su informe mundial sobre los derechos humanos, presentado el martes 21 de febrero del 2017 en París, alerta además de que "a los pueblos indígenas (de Ecuador) se les negaba el derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos de desarrollo que afectaban negativamente a sus medios de vida".

Amnistía recuerda que el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó "preocupación" por el reiterado uso de la fuerza por parte de la policía contra manifestaciones pacíficas, disposiciones legales que amenazaban los derechos de asociación y de reunión, y retrasos en la reforma legislativa para permitir una consulta adecuada con los pueblos indígenas.

Ese comité, agrega AI, recomendó incrementar los esfuerzos para acabar con la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y abordar la violencia contra las mujeres y la violencia sexual en las escuelas.

La ONG subraya que en el 2016 las autoridades disolvieron la Unidad Nacional de Educadores (UNE), alegando que no había inscrito debidamente en registro su junta directiva, y presentaron una denuncia contra la Corporación Acción Ecológica, acusándola de cometer actos violentos.

El pueblo kichwa de Sarayaku denunció negociaciones del gobierno cuyo propósito era conceder permisos a empresas extranjeras para la extracción de petróleo en su territorio sin consultar a la comunidad, según recuerda el informe.

La organización denuncia, ente otros casos, que el Gobierno declaró el estado de emergencia en Morona Santiago, tras una serie de actos de violencia y hostigamiento por parte de las autoridades contra el pueblo indígena shuar por su oposición a un proyecto minero.

Menciona que, en enero, los líderes campesinos Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron acusados de "terrorismo" por participar en una campaña contra la construcción de una planta hidroeléctrica que, según la comunidad, limitaría su derecho al agua, pero fueron absueltos ese mismo mes por falta de pruebas.

En julio, un coordinador de la Defensoría del Pueblo desestimó una denuncia del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama en la que alegaban haber sido agredidas y detenidas arbitrariamente durante una manifestación pacífica contra un proyecto minero en la provincia de Cuenca.

Las mujeres solicitaron que se revisara la decisión de conformidad con los procedimientos de la Defensoría del Pueblo, aunque al terminar el año no se había anunciado ninguna decisión, según el informe.

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