13 de February de 2010 00:00

A. Alvear se desmarca del caso Emme

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Redacción Judicial

El fiscal general (e), Alfredo Alvear, sostuvo  que no conocía el contenido del remitido que se publicó el 19 de enero en EL COMERCIO, tras la muerte de Natalia Emme.

“Yo no firmé porque estaba en el Guayas”, dijo ayer. Para probar su argumento, Alvear mostró una publicación de este Diario, del 10 de febrero, donde se señala que el remitido fue solicitado por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía (Afempe), Blanca del Hierro, y que el remitido solo llegó con su firma.

65 empleados
del Ministerio Público son sumariados por supuestamente adelantar criterio.

“Son los hechos”, dijo Alvear, antes de resaltar la “responsabilidad” con la que actuó “el decano de la prensa capitalina”. 

Sin embargo, Alvear reaccionó 24 días  después de la publicación, en la cual aparecieron su nombre y los de otros 64 funcionarios de la Fiscalía. De hecho,  el 22 de enero, Elsa Moreno, directora nacional de Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía, cuyo nombre apareció en el comunicado, ratificó el contenido del remitido y dijo que hablaba por “los 2 500 empleados”.

La acompañaron fiscales distritales, entre ellos Marco Freire (Pichincha) y Antonio Gagliardo (Guayas), quien dijo “eso (el remitido) fue pagado con fondos de los  funcionarios a través de la Asociación. Todos los meses nos descuentan de nuestro sueldo 15, 20 ó 30 dólares; somos 2 000”.

Códigos Penal y de Ética
El artículo 254 del Código Penal dice que “el empleado público que dictare reglamentos o disposiciones, excediéndose de sus atribuciones, será reprimido con multa de USD 8 a USD 31”.
En el artículo 239 de la misma normativa penal se sostiene que quien “hubiere tomado públicamente un nombre que no le pertenece será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de USD 8 a USD 16 o con una estas penas solamente”.
El art. 5, literal g, del Código de Ética de la Fiscalía dice que los funcionarios deben “respeto a la autoría de informes y documentos elaborados por otros miembros de la institución o por sus subalternos, absteniéndose de suscribirlos como propios”.

Alvear manifestó que cada funcionario deberá responder por sus declaraciones. “Los sumarios que se abrieron determinarán las responsabilidades”.

Solo una hora antes de que el Fiscal General (e) hablara, en la Fiscalía de Pichincha se organizó una rueda de  prensa, de la Afempe. Blanca del Hierro apareció sola en el auditorio y anunció su renuncia “irrevocable” a la presidencia del gremio.

“Me someto al escrutinio de los 2 000 socios que conforman la Asociación  a quienes he servido con lealtad, desinterés personal y honradez”. Del Hierro asumió la responsabilidad del contenido del comunicado.

Allí se dice que  Aliz Borja, esposa del fiscal general Washington Pesántez, no manejaba el vehículo del Ministerio Público que segó la vida de Natalia Emme, el 14 de enero. Además, que la joven cruzó “intempestivamente por una zona no permitida al paso peatonal”.

Ante la “imposibilidad física de convocar a una asamblea general de socios, luego de las correspondientes consultas verbales y telefónicas, se resolvió la difusión del manifiesto”, justificó ayer Del Hierro. Pero Alvear insistió ”entre lo que ha dicho la Presidenta y lo que consta en el periódico yo doy valor al periódico”.

La asambleísta de País, Rosana Alvarado, cree que los funcionarios de la institución “sacrificaron a Del Hierro para salvar sus puestos. El arrogarse los nombres de otras personas es un delito, pero como son los mismos empleados del Ministerio Público los ofendidos, seguramente no habrá sanciones penales en contra de Blanca del Hierro”. En la Asamblea, agregó, no se descarta el juicio político contra Pesántez y se trabaja para concretar su salida.

Alvear, de su lado, anunció que también se abrirán expedientes administrativos contra los funcionarios que supuestamente trataron de influir para  que el fiscal de Tránsito, Patricio Sosa, dictara la libertad de Aliz Borja, el 14 de enero, tras el accidente.

Sosa avocó conocimiento en primera instancia de la muerte de Emme y a través de una declaración notarizada dijo que Myriam Sánchez,  Freire, Pesántez, entre otros, le dijeron que Borja “era inocente” y que no tenía bases para detenerla. Víctor Cevallos, abogado de Borja, dice que Sosa no siguió el debido proceso.

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