21 de octubre de 2014 10:19

Alumno del Mejía dio dramático testimonio de 'agresión' en protestas

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Redacción Seguridad

Un mes después de las protestas en las afueras del Mejía, un colegio quiteño, un informe internacional desató una nueva polémica. La organización pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, habló de torturas a los jóvenes. Esta situación ocurre en medio de la defensa oficial de que ningún joven sufrió aquello.

Días posteriores a los arrestos, desde las páginas oficiales se difundieron datos sobre el trabajo de la Cruz Roja con los chicos y dijeron que todos estaban bien.

La organización internacionales dice otra cosa. Hasta la mañana de este martes 21 de octubre no había ninguna versión oficial sobre este pronunciamiento de Human.

A continuación, este Diario transcribe textualmente un testimonio que el ente pro derechos humanos recoge para su informe. Este es el caso "Wilson", según Human Rights Watch:

"Wilson dijo a Human Rights Watch que salió del Colegio Mejía, un colegio público de enseñanza secundaria, aproximadamente a las 7 p.m. el 17 de septiembre y se dirigió hacia la parada del autobús para regresar a su casa. Afirmó que no había participado en las protestas, pero que se sintió atemorizado al ver que un grupo de policías en motocicletas se dirigía hacia manifestantes que estaban en la puerta del colegio, y que entonces comenzó a correr para alejarse junto con un grupo de estudiantes, algunos de los cuales vendrían de las manifestaciones.

Dos policías en una motocicleta se acercaron, y uno le propinó una patada que hizo que Wilson cayera al suelo. Cuando Wilson se puso de pie, el conductor de una motocicleta levantó su motocicleta sobre la rueda trasera e impactó a Wilson en la espalda con la rueda delantera, tumbándolo nuevamente.

Los policías lo retuvieron en el piso y varios de ellos le propinaron golpes, mientras otro pasó con su motocicleta por encima de su brazo izquierdo y luego por encima de su pierna izquierda. Los policías esposaron a Wilson, lo subieron a una de las motocicletas entre dos policías, y el policía que iba detrás de él lo golpeó con su puño y su tolete en la cabeza hasta que Wilson quedó inconsciente.

Wilson recobró el conocimiento en el piso de una oficina de la dependencia policial UPC Basílica. Al abrir los ojos, uno de los tres policías que se encontraba allí lo golpeó en el cuello y en el rostro, partiéndole un diente. Los policías le rociaron gas pimienta en el rostro, le dieron patadas en sus brazos, piernas y espalda, y le pisaron el cuello, mientras gritaban 'M.., ¡ahora sí lanza piedras!'

Media hora más tarde, los policías trajeron a otro detenido, a quien Wilson reconoció como otro estudiante del Colegio Mejía, y lo tiraron encima de Wilson. Una hora y media después, llegaron otros seis detenidos, todos con signos visibles de golpizas, afirmó Wilson.

Los policías los esposaron por la espalda, los obligaron a permanecer en cuclillas durante media hora, y los golpeaban si se sentaban. Un policía exigió que dijeran sus nombres y los golpeaba con la punta de su bolígrafo en la cabeza si no respondían inmediatamente. Los policías tomaron sus pertenencias, incluidos teléfonos celulares y efectivo.

Los policías subieron a los ocho detenidos a la parte trasera de un vehículo policial, donde normalmente caben tres personas, y los condujeron a la sede de la Unidad de Flagrancia, que contiene un centro de detención y una unidad de servicios judiciales donde las personas detenidas en flagrancia son perseguidas penalmente. En el trayecto hasta el automóvil, un policía siguió golpeando a Wilson, que tenía dificultades para caminar y sangraba en numerosas partes de su cuerpo.

Llegaron al garage subterráneo del edificio aproximadamente a las 10:30 pm. Wilson indicó que había allí cerca de 100 detenidos, incluidos al menos ocho más con signos visibles de haber sufrido golpizas.

Wilson y aproximadamente otros 60 detenidos fueron llevados a una celda amplia dentro del edificio, donde fueron agrupados en función del lugar donde habían sido arrestados. Dos horas después, cerca de la 1 a.m., Wilson fue llevado para ser visto por un médico en el mismo edificio. El médico indicó a los policías que lo trasladaran inmediatamente a un hospital. Dos policías le ordenaron que subiera “rápido” las escaleras e ingresara en un automóvil policial.

En todo ese tiempo, no se le permitió a Wilson contactar a su familia o solicitar asistencia legal. No obstante, pudo llamar inadvertidamente a su madre, con ayuda de otro detenido a quien no le habían quitado el teléfono celular. Le dijo a su madre dónde se encontraba y que creía que tenía el brazo fracturado.

Alicia, la madre de Wilson, había intentado llamar a su hijo a su teléfono celular, pero su llamada fue atendida por un hombre desconocido que le indicó que Wilson había sido “detenido en flagrancia”. Acudió al lugar aproximadamente a las 10:30 p.m., y esperó a que dieran información junto con cerca de otros 200 familiares de detenidos. A pesar de los reiterados pedidos de familiares para que confirmaran los nombres de los detenidos y de las preguntas que hizo Alicia sobre la salud de su hijo, los policías únicamente dijeron que llamarían por nombre a los familiares cuando estos pudieran ver a un detenido en particular.

Alicia vio a los dos oficiales que acompañaban a Wilson fuera del edificio y corrió hacia ellos, gritando que quería acompañar a su hijo al hospital. Alicia viajó con Wilson en el vehículo policial hasta el Hospital Eugenio Espejo, donde Wilson quedó internado durante dos días. Un policía permaneció en el hospital hasta las 3 a.m., y en los dos días siguientes varios otros visitaron la sala donde estaba internado Wilson. Alicia dijo que esas visitas la intimidaban.

Cuando Wilson llegó al hospital, apenas podía caminar, no podía levantar uno de sus brazos, tenía contusiones y estaba ensangrentado. El parte médico consultado por Human Rights Watch señala que se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico con politraumatismos. Cuando Human Rights Watch lo entrevistó el 30 de septiembre, Wilson todavía llevaba un cuello ortopédico, tenía dificultades para subir y bajar escaleras, y presentaba cicatrices en las muñecas.

Alicia indicó a Human Rights Watch que mientras esperaba a su hijo en la sala de emergencias, conoció a otras dos madres que afirmaron que sus hijos también habían sufrido abusos policiales mientras estuvieron detenidos. Le dijeron que a uno de ellos era un niño de 14 años al que le habían pasado por encima con una motocicleta policial dos veces y se encontraba en terapia intensiva, y que el otro era un joven de 16 años que había sido arrojado al suelo por policías, y que a causa de esto se había fracturado el pómulo".

Este es el testimonio que Human Rights Watch, organismo que dice haber obtenido copias de informes médicos correspondientes a los 60 detenidos, incluidos 26 donde se documentaban lesiones producidas “por la acción traumática de un cuerpo contundente”.

Mientras que la mañana de este martes 21 de ocurre , durante una entrevista realizada en Gama TV, el ministro del Interior, José Serrano, se refirió al informe emitido por la organización Human Rights Watch y dijo no sorprenderle.

"Hay gente como el señor (José Miguel) Vivanco (ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch) que de una u otra manera no es más que una forma sistemática para agredir al país, con la cual se quiere ejercer presión en el país", dijo Serrano.

Manifestó que en el informe Human Rigths Watch sobre los incidentes ocurridos en septiembre, solo se considera la perspectiva de los estudiantes. Dijo que sin embargo, como autoridades del orden y mediante videos se puede demostrar que miembros de la Policía fueron agredidos por estos estudiantes.

Serrano recalcó que "El señor Vivanco tiene que demostrarle al mundo entero quién le financia, de dónde obtiene los recursos y a qué se debe esta animadversión que tiene contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica; qué hay detrás del señor Vivanco (…), qué hay detrás de toda esa manipulación que hace sobre los derechos humanos".

El Ministro del Interior negó cualquier posibilidad de que haya existido tortura y agresiones a los estudiantes durante el 17 de Septiembre, donde recalcó, se presentó un informe alejado de la realidad.

Enfatizó que hasta ahora no se ha expuesto ningún informe válido que establezca de tan siquiera la sospecha de alguna violación a derechos o torturas, a pesar de que a los abogados defensores de los estudiantes se les planteó la necesidad de argumentar con pruebas o documentos las supuestas agresiones que ellos aseguran habrían recibido.

Nada de esto fue evidenciado, ni dentro, ni fuera del proceso con el cual fue juzgada su participación.

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