Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y Rosana Alvarado, legisladoras de Alianza País. Foto: Diego Pallero / Archivo El Comercio
El bloque de Alianza País (AP) vive dos realidades. En el Pleno, ante los ciudadanos, los medios de comunicación y la opinión pública proyectan la imagen de un grupo consolidado, con ideas firmes y poco cuestionamiento a los proyectos que llegan desde el Ejecutivo. Sin embargo, en las reuniones privadas del bloque, a las que los periodistas no tienen acceso y la opinión pública difícilmente llega a conocer sus temáticas, se vive otra realidad.
Un debate profundo de temas en los que hay posturas polarizadas, en ocasiones irreconciliables, reflejan que existen dos tendencias dentro del oficialismo.
La una es la de los asambleístas que tienen una inclinación más conservadora, que apuntan hacia la apertura de mercado y que es considerada como la “derecha verde”. Para este grupo, las decisiones que vienen desde el Ejecutivo son irrefutables, y por lo tanto, hay que respaldarlas plenamente.
Esta ala la encabezan los legisladores del Guayas (a excepción de Gina Godoy y de Raúl Patiño); Marcela Aguiñaga y Juan Carlos Cassinelli. Muchos de los nuevos legisladores, que comenzaron sus funciones el año pasado, también forman parte de este grupo.
La otra ala del bloque de AP la conforman los ‘radicales’, con ideas más progresistas, cuyo trabajo ha estado ligado a la izquierda y que en su mayoría fueron reelectos. Quien asume la vocería de este grupo es la vicepresidenta Rosana Alvarado. Otros cuadros visibles son Virgilio Hernández, Paola Pabón, Ximena Ponce, Marisol Peñafiel, Miguel Carvajal, Mauricio Proaño, Fernando Bustamante y María Augusta Calle.
Si bien ellos también apoyan el proyecto político, son más críticos y cuestionadores en cuanto se refiere a temas de fondo, relacionado con lo ideológico, por lo que son conocidos como la “izquierda radical” del movimiento.
¿Cuál es el rol de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira ante esas diferencias internas? No son pocos los que dicen que se mantiene neutral, conciliadora, aunque algunos no ven con claridad por cuál de los dos grupos se inclina más. “Soy de izquierda”, se reafirma. Sin embargo, “mucho de esas luchas de izquierda de antaño merece otro tratamiento, pero sin claudicar ni dejar los lineamientos ideológicos”.
Ella reconoce que la Revolución Ciudadana se constituyó de personas que provenían de “las luchas sociales”, y de otras “que no habían vivido esas experiencias”, pero afirma que no pueden ser consideradas “de la otra vereda”, así su pasado fuera parte de la denostada partidocracia. “Todo lo que esté de este lado, apostaremos que sea por el lado de la tendencia de izquierda”.
Legisladores como Virgilio Hernández no niegan que dentro del bloque oficialista existen tendencias. “No escondemos que entre nosotros hay diferentes posiciones que en muchos casos no son solo de matriz sino que pueden representar propuestas y tendencias distintas. Pero más allá de los pronósticos del 2007 hemos logrado mantener la unidad y mayoritariamente enfrentar los momentos”.
Otros, como Juan Carlos Cassinelli, reconocen un fuerte y constante debate interno, pero niega la existencia de tendencias en el interior de AP. “Nosotros no identificamos el proyecto político por sectores; tenemos un solo proyecto político y en torno a eso legislamos. Pero no hay que olvidarnos que las leyes que tenemos que dictar van en torno a la nueva Constitución, que privilegia al hombre sobre lo económico, pero además hay que incentivar temas productivos”.
Entre estos grupos existe una coexistencia, pero que en ocasiones se torna frágil. Uno de los últimos momentos que reflejó esa polarización se dio en octubre durante la reunión entre el bloque legislativo y el presiente Rafael Correa, para tratar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Ahí los miembros del ala más progresista fueron acusados de traición por haber hecho públicas sus inquietudes. Inclusive, un legislador del Guayas habría dicho que el Primer Mandatario perdía el tiempo en esa reunión para finalizar con “¿dónde debo firmar?”
Otra norma en la que no existe una postura unificada es el Código Laboral. La mensualización del decimotercero y el decimocuarto sueldos, la eliminación de la jubilación patronal y la sindicalización por ramas, entre otros puntos, no han logrado consenso dentro del bloque verde. En el tema de la Ley de Tierras existen diferencias en cuanto al establecimiento de los límites máximos de latifundios. El Protocolo de Nagoya, que se refiere al uso y distribución equitativa de la explotación de los recursos genéticos, otro tema delicado que va un año en el congelador.
Entre la lista de normas pendientes de aprobar y en las que, desde ya, se evidencian dos posturas son el Código Ambiental y la Ley de la Defensoría del Pueblo. En el primer caso, el tema de transgénicos y el establecer precio a los insumos para el cultivo para prevenir plagas son puntos de divergencia.
En la segunda norma, en cambio, existen diferencias de criterios sobre las atribuciones del artículo 17, que hace referencia a las competencias exclusivas del defensor del Pueblo, entre las que constan las peticiones sobre amnistía, la revisión de sentencias ante la Corte Constitucional, entre otras.
“Cuando hay posturas distintas de los sectores lo que hacemos es tratar de ganar al interior del bloque y que esa decisión se vuelva colectiva y obligatoria para los 100 asambleístas”, dice la legisladora Paola Pabón. Pero fue ella, precisamente, una de las sancionadas hace un año por mantener una posición divergente, cuando se debatía en el Código Integral Penal la despenalización del aborto en casos de violación. La disciplina partidaria se impone ante el disenso.