15 de enero de 2017 00:00

Alianza País reestructuró el sistema político en la última década

Ciudad Alfaro, en Montecristi, Manabí, fue la cuna de la Constitución del 2008.

Ciudad Alfaro, en Montecristi, Manabí, fue la cuna de la Constitución del 2008. Foto: Archivo / EL COMERCIO 

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Adriana Noboa

La década de la denominada Revolución Ciudadana significó un cambio estructural para el país. El presidente Rafael Correa fue posesionado el 15 de enero de 2007 y en el 2017 precisamente Alianza País (AP) celebra sus 10 años en el poder. Habrá un acto en Guayaquil.

El primer gran paso fue cambiar la Constitución y con esta la estructura del Estado y del sistema político.

Se agregaron dos funciones: Electoral y de Participación. A la par se establecieron requisitos para las permanencias de las organizaciones políticas.

El oficialismo consolidó su proyecto político con la mayoría parlamentaria que consiguió en las urnas.

Para Pabel Muñoz, parte de Alianza País, exfuncionario de Gobierno y ahora candidato a la Asamblea, la recuperación institucional ha sido significativa porque ahora el Estado diseña la política pública, tiene capacidad de regulación y la facultad de redistribución.

Muñoz destaca tres grandes ejes de acción: la creación de un Estado democrático y el fortalecimiento del poder popular, la garantía de los derechos y libertades (el buen vivir), y el desarrollo de la estructura económica y productiva. Con base a estos argumentos, el oficialismo denomina a esta como “la década ganada”.

Natalia Sierra, académica experta en sociología, coincide con Muñoz en que no se puede analizar un proyecto por partes. Pero también cree importante que se lo observe a partir de sus ofrecimientos de campaña, lo que le dio la victoria en las urnas. Tanto en lo económico, lo político y lo cultural.

En el primer ámbito se ofreció transformar la estructura productiva, con una reforma agraria. No se ha hecho, según la socióloga. Se profundizó la exportación de petróleo y minerales. El país ahora enfrenta una crisis económica.

En lo político se ofreció refundar el Estado, con democracia y participación. Ahora, recuerda Sierra, la estructura está centralizada en un Ejecutivo con poder sobre las instancias de control y otras funciones. “El saldo es el estrangulamiento de la democracia y un arrinconamiento de la sociedad”.

En lo cultural, “el Gobierno ofreció mayores niveles de respeto, aceptación, tolerancia; y lo que se impuso es una cultura de la humillación, del abuso y la intolerancia”, indica Sierra.

Para Óscar Bonilla, secretario de Acción Política de AP, el proyecto implicó poner el Estado en orden, de acuerdo a las necesidades del momento histórico. En la actualidad cree que existe un Estado moderno, con recursos tecnológicos y humanos, lo que se refleja en “una estabilidad política incuestionable”.

Francisco Rocha, analista político, explica que “de la democracia se pasó al partido único” y que la calma de la oposición y su tolerancia los convierte en cómplices.

Con la reestructuración del sistema político, hubo partidos y movimientos que se extinguieron, otros a los que les costó años volver a la vida.

Muñoz responde que la oposición debe dejar de buscar culpables en el Gobierno, analizar sus fallas y el por qué perdieron popularidad.

¿Cómo era antes?

Cada función del Estado dependía de otros sectores económicos o grupos políticos, recuerda Bonilla. Las instituciones eran utilizadas como instrumentos de esos poderes.

Muñoz detalla que en la década de 1980 y 1990 hubo una parcelación de lo social y una ‘oenegización’ de la política de lo social, que generaba inequidad. Ahora se recuperó un sistema nacional de educación y de salud, lo mismo en el sector económico y productivo.

Rocha lo admite: había un cansancio de la actividad política porque el país no funcionaba. Pero aclara que antes el Estado “era de varios sectores, ahora es solo de uno”.

El ejemplo, para él, es que había jueces ‘de colores políticos’, pero que podían actuar contrariamente a un poder hegemónico. “Cuando el poder está en diferentes manos tienes un equilibrio”. Hasta la participación ciudadana se estatizó y se han relativizado muchas cosas, como el ejercicio de los derechos, advierte.

César Montúfar, académico, exlegislador y actual candidato a la Asamblea por Concertación, añade que se criminalizó la protesta social y se dio un proceso de pérdida de libertades.

AP -sigue el candidato- creó frentes sociales contrarios a los tradicionales, dividiendo a los gremios y organizaciones en dos: oficialistas y de oposición.

Montúfar acepta que este Gobierno logró avances sobretodo en infraestructura y determinadas áreas hasta mediados de 2013. “Pero ahora el retroceso económico y el deterioro social son evidentes”. Hay un modelo “no viable, autoritario, centralista y caudillista”.

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