25 de septiembre del 2015 00:00

Alianza País no logra acuerdo y la Ley de Drogas se frena

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Javier Ortega
Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

En el bloque de Alianza País no se define todavía el mecanismo legal para enfrentar el fenómeno del microtráfico. Los desacuerdos internos provocaron que se suspendiera por tercera vez la votación de la denominada Ley de Drogas.

Por un lado, hay legisladores oficialistas que se oponen al endurecimiento de las penas y a la prisión preventiva para los sospechosos que portan cantidades mínimas de narcóticos.
Otros, en cambio, apoyan la tesis del Ejecutivo y piden que se envíe a la cárcel a los traficantes de pequeñas dosis.

Los roces fueron evidentes ayer. De forma sorpresiva, se comunicó la suspensión de la sesión. Luego, el bloque de País se reunió a puerta cerrada y 45 minutos después aparecieron los primeros legisladores. Uno de ellos fue Mauro Andino. Él no está de acuerdo con endurecer las penas ni establecer prisión preventiva. Y cree que los cambios que fijó el Consep y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) son suficientes para combatir la venta de drogas en barrios y colegios.

En una nueva tabla, el Consep redujo al mínimo las dosis para que una personas pueda ser enjuiciada por microtráfico. Y la CNJ aprobó la acumulación de penas por drogas.
Por eso dispuso a todos los jueces que conozcan estos casos que condenen a los traficantes por cada tipo de sustancia que lleven consigo.

Antes de esa disposición, a los detenidos se los juzgaba de acuerdo con la droga más fuerte (en gramos) que portaba.
“La prisión preventiva va a llenar las cárceles del país.
Organismos internacionales recomiendan medidas alternativas como el uso del brazalete electrónico. Sería muy útil y se descongestionarían los centros de rehabilitación social”, comentaba ayer Andino antes de ingresar al Pleno.

Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, tiene una postura contraria. Ella es parte de los legisladores de AP que piden prisión preventiva para castigar los portes mínimos de drogas, tal como exigió el presidente Rafael Correa.

Sin embargo, para que se imponga esta postura es necesario que los asambleístas reformen el Código Integral Penal (COIP), que el mes pasado cumplió un año de vigencia.

La ley penal (art. 220) fija cuatro escalas para juzgar el tráfico de estupefacientes. La primera es la venta a “menor escala”. Esta es penada con cárcel de dos a seis meses.

La ‘mediana escala’ se castiga con prisión de uno a tres años. En la denominada “alta escala”, la detención va de cinco a siete años. Y en la “gran escala” las mafias reciben de 10 a 13 años de sanción.

Pero actualmente el COIP no permite la prisión preventiva para los delitos con penas menores a un año. De ahí que la propuesta de un bloque de AP es incluir en la Ley de Drogas una “disposición reformatoria”, para que la prisión preventiva se aplique también a quienes son hallados con poca cantidad de narcóticos.

Pese a que el presidente Rafael Correa exigió ‘tolerancia cero’ para los microtraficantes y pidió endurecer las penas en este delito, Andino comentó ayer que respeta su criterio e indicó: “Nosotros tenemos nuestras razones y analizaremos”.
En este momento, al interior del bloque de AP se debate la vía legal más adecuada.

LAS DECISIONES TOMADAS SOBRE EL TEMA DE DROGA

Enero 2008


El presidente Rafael Correa pidió el indulto de ‘mulas’ al narcotráfico. Esto se concretó seis meses después en Montecristi.

Mayo 2013

El Consep aprobó tabla con valores máximos de drogas que puede portar una persona.

Junio 2013

En Ecuador, autoridades hablan de despenalizar las drogas y aseguran que sería un “duro golpe”, para el narcotráfico en América Latina.

Agosto 2014

Entró en vigencia el nuevo Código Penal, que suavizó las penas para el microtráfico y además eliminó la prisión preventiva para ellos.

Septiembre 2015

Correa pide endurecer las penas para los microtraficantes y aparecen más casos de jóvenes afectados por las mafias que venden alcaloides.

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