1 de June de 2015 20:41

Fiscalización se enfocará en el Consejo de Participación

María José Carrión, presidenta de la mesa de Fiscalización, en una de las sedes de AP. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Paúl Zamora

Desde que María José Carrión, de Alianza País (AP), fue elegida presidenta de la Comisión de Fiscalización, trata de dar un impulso distinto a esta mesa, que fue una de las más cuestionadas cuando la dirigía su coideario Gabriel Rivera. Y una de sus primeras tareas será reforzar la vigilancia a los organismos de control y a los gobiernos autónomos descentralizados.

El primer organismo en ser evaluado será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que forma parte del denominado Quinto Poder, y del cual se anuncia un exhaustivo análisis. Por eso, AP reconoció en ellael cuadro más idóneo para revisar las acciones de este organismo. Y hay una razón: en la Constituyente de Montecristi (2008) formó parte de la mesa de Participación Ciudadana, que vio nacer a ese Consejo.

“Tenemos que saber lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho para que en aquellos casos donde haya un indicio de responsabilidad política pueda ser subsanada e incluso pensar en un juicio político”, dijo la oficialista, con firmeza, y sin dejar de anunciar que el tema de control emprendido por ese organismo “no le satisface”.

Las acciones de esta Comisión no están políticamente alejadas del discurso oficial: la calificación que el Ejecutivo da a la labor de este Consejo no es la mejor. El presidente Rafael Correa ha criticado los efectos de su lucha contra la corrupción. Lo hizo el 24 de mayo durante la rendición de cuentas en la Asamblea y dos días después ratificó sus cuestionamientos en un conversatorio en Sucumbíos: “El organismo que supuestamente tiene entre sus funciones combatir la corrupción (…) en este período no hizo nada”. Anunció que uno de los retos de los próximos consejeros será establecer mecanismos más claros en la lucha anticorrupción.

El miércoles 27 de mayo fue la rendición de cuentas de los cinco años del Consejo de Participación. En primera fila estuvo Carrión, escuchando los datos y tomando apuntes. Fernando Cedeño, actual presidente de ese organismo de control, se defiende de las críticas sobre el organismo y su capacidad de acción. Dijo que el Consejo no puede actuar de oficio porque no es una facultad que les da la Ley Orgánica y que su competencia es en función de las denuncias que presentan los ciudadanos.

Recordó que en este período les “tocó una tarea dura” al absorber todos los procesos represados de la ex Comisión Cívica contra la Corrupción, que eran más de 5 000. Explicó que en el caso de que se encuentre un acto de corrupción o que haya indicios de responsabilidades penales, pasan a la Contraloría General o a la Fiscalía. Según sus datos han producido 329 informes concluyentes de investigación de los cuales: 189 pasaron a la Contraloría, 17 a la Fiscalía y 123 a otras instituciones.Sobre el llamado a Fiscalización señaló que son respetuosos de la institucionalidad pública y que acudirán las veces que sea necesario para informar a los asambleístas sobre sus avances.

Para la exconstituyente María Paula Romo, uno de los peores resultados de Montecristi, en la práctica, fue el Consejo de Participación. Recordó que en 2008, en medio de una crisis del sistema de partidos, se pensaba cómo generar un espacio para una sociedad civil vigorosa y organizada, que tenga canales alternativos a los tradicionales de la política partidista. “Lamentablemente, el Consejo ha sido un mecanismo que ha fortalecido al Ejecutivo”.

¿Se han cumplido los fines para los cuales fue creado el Quinto Poder? Es una de las preguntas que Carrión deberá despejar desde la Comisión de Fiscalización. Fuentes internas del oficialismo, que pidieron la reserva, señalaron que existe un debate sobre las cinco funciones del Estado creadas en esta Constitución. En gran medida dependerá de la evaluación que la Asamblea haga al Quinto Poder.

“Después de cinco años la forma organizativa del Estado ha tenido su vigencia y es necesario que se haga un análisis profundo”, dijo Carrión. Sin embargo,para Romo, sean tres o cinco los poderes de Estado, la idea de su división es que se ejerza un control entre ellos porque es necesario “un sistema de pesos y contrapesos”.

En contexto

El Consejo Electoral realiza el concurso para renovar a los siete vocales del Consejo de Participación. Según el cronograma del concurso, desde el 22 de mayo al 11 de junio se lleva a cabo la fase de impugnaciones y del 15 al 17 de julio se designarán
los nuevos consejeros.

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