7 de marzo de 2017 00:00

Alianza País y Creo-SUMA reforzarán su control electoral en la segunda vuelta

En la Delegación de Pichincha, las organizaciones políticas pueden observar la digitación de los resultados. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En la Delegación de Pichincha, las organizaciones políticas pueden observar la digitación de los resultados. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Mario Alexis González
[email protected] (I)

Alianza País (AP) solicitará al Consejo Electoral (CNE) una auditoría al software que la entidad utiliza para el conteo de votos, antes de la segunda vuelta. Pedirá que en este proceso también participe la alianza Creo-SUMA.

La posibilidad de que haya existido un fraude en las elecciones del 19 de febrero ha sido abordada por las dos organizaciones políticas que participarán en la segunda vuelta.

Apenas concluido el proceso, Andrés Páez, candidato a la Vicepresidencia por la alianza de derecha, inició un plantón afuera del CNE, para “garantizar la transparencia”.

Mientras que por el lado del oficialismo, el primer paso lo dio el asambleísta electo, José Serrano, quien el 22 de febrero entregó un documento a la autoridad electoral por supuestas inconsistencias en algunas actas del extranjero.

Incluso, en medio de la espera por los resultados finales, el presidente Rafael Correa indicó que “si alguien debería hablar de fraude debería ser AP”.

El CNE respondió a estas insinuaciones el domingo, a través de una cadena nacional en radio y televisión. Ahí se informó que la entidad solicitó a la Fiscalía que investigara para dar con los responsables del “caos causado durante el escrutinio”. Además, rechazó la posibilidad de un fraude.

Las tiendas políticas se proponen evitar que ocurran supuestas anomalías en la segunda vuelta del próximo 2 de abril, como las que afirman haber detectado en la primera. Tanto AP como Creo-SUMA reforzarán sus sistemas de control electoral.

En el oficialismo, el control lo maneja la dirección del Movimiento con la asesoría de César Navas, actual ministro coordinador de Seguridad.

La idea es tener una persona de AP en cada una de las juntas receptoras del voto (JRV), ya que en la primera vuelta solo lograron un alcance del 76%.

En lo operativo, montarán un centro de mando en Quito. Y en el resto del territorio tendrán un sistema similar al del CNE: cerca de los Recintos de Transmisión y Publicación de Actas (RTPA) tendrán centros de digitación, donde sus delegados ingresarán a un sistema los datos de las copias de las actas que recibirán en las juntas. En este momento, recluta y capacita delegados para su plan.

El conteo de votos realizado en Guayaquil tuvo que suspenderse por enfrentamientos entre los delegados. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

El conteo de votos realizado en Guayaquil tuvo que suspenderse por enfrentamientos entre los delegados. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Lo que se busca con esto es tener la información completa de cada uno de los recintos y compararla con la que se vaya subiendo al sistema del CNE, en tiempo real, para evitar las inconsistencias.

Según el oficialismo, en el control que se hizo en la primera vuelta encontraron que en el extranjero hubo 50 actas, cuyos datos no correspondían con los que se subieron al sistema del Consejo.

En AP consideran que esto se debe a un error en el software y por eso solicitarán la auditoría. Además, encontraron que en 1 400 JRV del norte de Quito no hay votos blancos, lo que no coincide con el promedio nacional que es del 3%.

Juan Carlos Intriago, director de Control Electoral de Creo-SUMA, explica que están inscribiendo nuevos delegados, además de los que ayudaron en la primera vuelta. Con esto pretenden mejorar en el alcance a las 41 042 juntas receptoras del voto (JRV).

Según sus registros, en la primera vuelta, esta alianza tuvo presencia en el 90% de las JRV a escala nacional y de las tres circunscripciones del extranjero. También se plantean abrir centros de mando en los cantones más grandes de cada provincia, además de los 24 provinciales que tuvieron.

El 19 de febrero, las principales novedades que encontró Creo-SUMA fueron fallas en los sellos de seguridad de los kits electorales, falencias en la capacitación a los integrantes de las JRV, falta de custodia en el transporte del material electoral y en los recintos de transmisión y publicación.

Sobre estas supuestas irregularidades, la alianza está ordenando los insumos recolectados y elaborando un informe que espera entregarlo esta semana al CNE y a las cuatro misiones de observadores internacionales.

En el tema cualitativo, para la segunda vuelta, plantean una mejor capacitación a los delegados en temas de escrutinio y transmisión de actas.

A los delegados de Creo y SUMA se han ido sumando -según Intriago- voluntarios de otras organizaciones como del Partido Social Cristiano.

Además, Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, indicó que participarán en la campaña y en el control de los votos “para que se respete la voluntad del pueblo”.

En contexto

El Código de la Democracia otorga a todas las organizaciones políticas el derecho de vigilar los procesos electorales. Pueden tener un delegado en cada una de las juntas receptoras del voto, recibir una copia de las actas y presenciar el escrutinio.

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