4 de febrero de 2015 20:27

Alianza País configura un nuevo plan para la tarea de fiscalización

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Gabriel Rivera, anuncio a la opinión pública que investigará el caso de los helicópteros Dhruv. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Gabriel Rivera, anuncio a la opinión pública que investigará el caso de los helicópteros Dhruv. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO.

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Paul Zamora

Para las 10:00 de ayer, el equipo de Comunicación de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, había anunciado una rueda de prensa donde se iba a referir al tema de Fiscalización. La cita se suspendió. Mediante un boletín se explicó que la rueda de prensa se pospuso con la finalidad de “anunciar con precisión las comisiones especiales que serán asignadas para investigar en temas de fiscalización”.

Este punto se convertirá en un eje de acción para los legisladores de Alianza País durante este año y el objetivo es reformar esta tarea. Aseguran que con su acción desvirtuarán las aseveraciones de opositores quienes sostienen que el trabajo fiscalizador de la Asamblea no es apropiado y deja espacio para la impunidad.

El primer oficialista en anunciar cuatro comparecencias fue el titular de la Comisión de Justicia, Mauro Andino. Ante los micrófonos, con voz enérgica, dijo que el 11 de marzo deberán acudir el fiscal general Galo Chiriboga; la ministra de Justicia Lady Zúñiga; el ministro de Cultura Francisco Borja, y el director del Registro Civil, Jorge Troya. Advirtió que si no asisten sería una causal para el inicio de un juicio político.
“Estamos demostrando que no solamente la Comisión de Justicia, sino otras comisiones, están encargadas de llevar a cabo procesos de control de Gobierno o Fiscalización”, dijo Andino ante los medios.

Pero para opositores como Diego Salgado (Creo), estos intentos de Fiscalización por parte del oficialismo llegan “tarde” y el balance que realizan de este periodo es negativo.

La razón es que ante las denuncias de medios de comunicación en temas urgentes, el oficialismo no ha tomado cartas en el asunto. Ponen como ejemplo la compra de los radares chinos y otros casos como el de Pedro Delgado.

El oficialismo se defiende con cifras: entre mayo del 2013 y diciembre del 2014 han comparecido 25 autoridades de Estado ante la Comisión de Fiscalización, presidida por el oficialista Gabriel Rivera.

“Soy muy respetuoso de las competencias que corresponde a cada autoridad. Hay una confusión de un sector que piensa que fiscalizar es subrogar en su papel al Fiscal o al Contralor”, aseguró Rivera.

El discurso del respeto a la independencia de funciones es uno de los argumentos del oficialismo para justificar el cambio de la dinámica de Fiscalización que existe en la actual Legislatura.

El sistema de Fiscalización de la Asamblea cambió a partir de la aplicación de la Constitución del 2008. En el anterior Congreso Nacional, el legislador tenía la amplitud no solo para investigar las denuncias relacionadas con el mal manejo político de los funcionarios públicos, también podía tramitar aquellas de peculado o procesos que posteriormente establecían responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Ahora, el escenario es distinto. Las competencias de Fiscalización Legislativa se enmarcan en el control político: que las autoridades cumplan su papel. Así, en casos de peculado será la Contraloría la que actúe y del mismo modo la Fiscalía, ante temas penales.“Hemos tratado de estar distantes de esa fiscalización de tarima, pues se llevó a la Asamblea al peor de los niveles pues servía como una herramienta de chantaje y extorsión”, aseguró Rivera.

El exdiputado por la Izquierda Democrática, Carlos González, quien fue director de Fiscalización del Congreso entre 1998 y el 2007, aseguró que con este argumento el oficialismo “se lava las manos”. En su casa guarda de 16 tomos que forman parte de su hemeroteca personal y recogen las denuncias que hizo ante la opinión pública con su tarea fiscalizadora.

En su opinión, desde que se instaló la Asamblea Nacional se encuentra en “permanente inactividad en su acción fiscalizadora”. También que se ha mantenido un “silencio completo de los posibles casos de corrupción” que han sido denunciados por la opinión pública.

Recordó que en el Congreso fue en donde se denunció a Alejandro Peñafiel del Banco de Préstamo; Fernando Aspiazu del Banco del Progreso y a los hermanos Isaías en el Filanbanco. “Se establecía un verdadero control a la corrupción”. Recordó que semanalmente, por lo menos dos ministros acudían a la Comisión y bastaba la denuncia de un ciudadano para activar los mecanismos de fiscalización.

El oficialista Vethowen Chica, también de la Comisión, dijo que no están acostumbrados al circo ni al teatro y que en las investigaciones realizadas se han tomado los correctivos necesarios. Más allá de la Fiscalización de la Asamblea, al interior de Alianza País se realizan investigaciones que luego podrían derribar en procesos de control político.

“Las investigaciones se han propiciado desde el Gobierno porque nosotros tampoco queremos empañarnos con estas olas de corrupción que puede haber en malos funcionarios públicos”, dijo Chica.

El oficialismo se ampara en cifras: 1 587 solicitudes de información. Pero González y Salgado coinciden en que hacer una carta y pedir información es confundir el rol. El último añade que se tratan temas intrascendentes para el país. Por ejemplo, la comparecencia del Gerente de Tame por el cobro excesivo (USD 342,31) de un pasaje Quito-Guayaquil-Quito al legislador Juan Carlos Cassinelli o la solicitud al canciller Ricardo Patiño sobre la contratación del servicio de catering en el encuentro binacional Ecuador-Colombia, en Rioverde.

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