10 de febrero de 2017 00:00

Álex Bravo, llamado a un segundo juicio en caso Petroecuador

Diego Velasco, abogado de Álex Bravo, participó ayer en la audiencia judicial. Foto: Agencia API

Diego Velasco, abogado de Álex Bravo, participó ayer en la audiencia judicial. Foto: Agencia API

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Javier Ortega
Redactor (I)
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Álex Bravo apareció ayer, 9 de febrero, por videoconferencia, pero no habló. Desde la cárcel de El Inca, en Quito, el exgerente de Petroecuador oyó todo lo que ocurría en el juzgado.

Tras cuatro horas de audiencia, el exfuncionario escuchó la resolución de la jueza Ana Lucía Cevallos, que lo llamó a juicio por un posible enriquecimiento ilícito, un delito que consta en el artículo 279 del Código Integral Penal (COIP) y que se castiga hasta con 10 años de cárcel.

Este es el segundo proceso por el cual el exfuncionario va a juicio, como parte de las investigaciones que la Fiscalía activó para descubrir la red de corrupción dentro de la estatal petrolera. El primer proceso que enfrenta es por cohecho.

El fallo de Cevallos se conoció a las 13:30 de ayer, pero en la mañana, Diego Velasco, abogado de Bravo, pidió a la Fiscalía llegar a un acuerdo para reducir la sentencia de su cliente, bajo el denominado procedimiento abreviado.

Esta figura legal se incluyó en el COIP en agosto del 2014 y consiste en que el procesado acepte el delito con el fin de recibir una rebaja de la pena.

Según la legislación actual, hay seis reglas que deben cumplirse para que un sospechoso se someta a este mecanismo; dos son las principales.

La primera: que los delitos indagados no superen los 10 años de cárcel. Y la segunda: que el sospechoso “consienta expresamente la aplicación de este procedimiento” y que admita “el hecho que se le atribuye”.

La fiscal Diana Moya señaló que estos requisitos se cumplen y fijó una pena de cuatro años y 8 meses de prisión para el exgerente de Petroecuador.

Cevallos pidió un receso de 10 minutos para analizar el acuerdo, pero a su regreso lo rechazó porque el delito que presuntamente cometió el exgerente de Petroecuador afectó a “la sociedad ecuatoriana”, pues es “la víctima” de los actos de corrupción que la Fiscalía indaga en la petrolera.

“La sociedad ecuatoriana se encuentra actualmente bastante lesionada y perjudicada por estos actos”, dijo Cevallos.

Y luego añadió: “(esto) lesionó gravemente la imagen de transparencia de la administración pública (...) Esto no solo perjudica a los ecuatorianos, sino que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un grave caso de conmoción social, nacional e internacional y lesiona gravemente la imagen de Ecuador a nivel mundial”.

Velasco cuestionó los argumentos de la jueza y le recordó que en otro proceso que ella tramitó por abuso sexual sí admitió el proceso abreviado.

“Creo que un delito sexual también afecta a toda la sociedad ecuatoriana. Y en ese momento usted lo aceptó”, criticó. En ese instante, Cevallos lo interrumpió y le dijo que “no están discutiendo esa causa”.

Para llamar a juicio a Bravo, la jueza citó los elementos que la Fiscalía presentó en la audiencia: un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal y un peritaje contable que determina un aumento patrimonial no justificado por USD 364 204.

Este proceso fue el primero que se abrió luego de la detención de Bravo, en mayo del 2016. Para que se inicie la audiencia por enriquecimiento ilícito, los jueces suspendieron el juicio que se desarrolla por cohecho y que empezó el martes. Hoy se reinstala esa diligencia a partir de las 08:30.

En el caso Petroecuador, la Fiscalía indaga 24 casos. Hay 39 procesados (ver info).

Difusión de correos

En medio de estos hechos, el presidente Rafael Correa difundió correos electrónicos que él cruzó con Carlos Pareja Yannuzzelli, también indagado por los hechos de corrupción en la estatal de petróleos.

Era 13 de junio del 2016 y en uno de los escritos, el Jefe de Estado le dice al exministro de Hidrocarburos que tiene su respaldo y que la Asamblea no lo “puede meter preso” y que no ve razones para ello.

Así respondió a un correo que Pareja, hoy en la clandestinidad, le había remitido 46 minutos antes pidiendo que lo ayudara. “Mi familia ya no da más. Me van a llamar otra vez a la Asamblea.
Todos dicen que ya no tengo tu respaldo. Hoy le mandé todos los respaldos de la casa a JG. El asambleísta Christian Viteri es quien maneja todos estos hilos. Si es así, es cuestión de días para que me metan preso”.

Cinco días antes de este intercambio de correos, Pareja había comparecido a la Comisión de Justicia de la Asamblea. En ese organismo legisladores del oficialismo y de la oposición le preguntaron sobre su relación con Álex Bravo, de sus declaraciones patrimoniales, si tenía o no una empresa en paraísos fiscales y si compró un inmueble en Samborondón-Guayas, en USD 200 000.

Ese día, el exministro señaló que esa casa no constaba en su declaración patrimonial, que no manejaba compañías ‘offshore’ en paraísos fiscales y que no tenía conocimiento de las actividades de Bravo. Las posteriores investigaciones judiciales señalaron lo contrario.

Tres horas después de que Correa publicara los e-mails, en la cuenta de Twitter denominada @capayaleaksecu se difundió este mensaje: “Gracias señor Presidente, gracias al e-mail que acaba de enviar, confirma que usted sabía todo lo denunciado por Capaya”.

Correa también escribió: “Se les derrumbó el show de Capaya (...).
No hay crimen perfecto: Capaya, Roberto Isaías (...) hablando desde el mismo lugar: mismas cortinas, misma lámpara”. El Mandatario ha dicho que detrás de todos estos hechos se encuentran los hermanos Isaías, quienes lo emplazaron a probar sus denuncias.

En contexto

El caso Petroecuador estalló luego de que, en abril pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundiera 200 000 nombres de personas y empresas vinculadas con entidades ‘offshore’ y movimientos en paraísos fiscales.

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