La designación del poderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en su punto culminante, tras la calificación de los finalistas, entre quienes serán escogidos siete principales y siete suplentes. Está próximo a abrirse el proceso de impugnación ciudadana y es importante que haya una activa participación para no lamentarse luego.
Tiene que partirse de un hecho: existen finalistas que ya integraron el organismo temporal y el aporte institucional fue pobre, más allá de la principal tarea encomendada al Régimen de Transición relacionada con la elaboración del proyecto de ley orgánica que regule su organización y funcionamiento. Los servidores de la ex Comisión Anticorrupción pasaron a esta institución y deberían exhibir resultados concretos de esta tarea que está huérfana en el país, con los resultados a la vista en la administración de justicia y sus entes de control y la pobreza en materia de fiscalización en la Asamblea.
La Función de Transparencia y Control Social deberá constituirse con la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez tendrá el enorme poder
de designar a las autoridades de control: Fiscal, Contralor, Procurador, Superintendentes, Defensor del Pueblo y Defensor Público, miembros del Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y participar en la designación de la primera Corte Constitucional.
De ahí lo importante de estar despiertos y bien abiertos los ojos porque la revolución ética que se proclama y la famosa “meritocracia” no funcionan en su totalidad y allí están funcionarios y ex ministro que fueron a la cárcel (el caso del Ministerio del Deporte) y otros que han demostrado ineptitud (el caso del ex ministro de Electricidad durante la última crisis).
Hay otros que siendo parte de irregularidades y del inventario de crisis del país o de gobiernos anteriores, tan criticados por los actuales, y que son funcionarios de este Gobierno (los nombres se han difundido en Ecuadoradio).
Existen candidatos cuestionados, que estuvieron en el ente de transición y que conocen vocales del Consejo Nacional Electoral (que realiza el proceso de selección) y que están con opción para volver al Consejo, ahora como titulares. Estos candidatos están bajo escrutinio público y por lo menos deberían tener vergüenza, porque ni siquiera pagan cuotas de condominio en donde viven y como moroso se le instauró el juicio ejecutivo 1370 en Juzgado de lo Civil; han cobrado bonos en otras instituciones en donde han estado vinculados, pese a la expresa prohibición legal, lo cual fue observado en su momento por la Contraloría, pero aquí no pasa nada. ¿Pueden estos personajes ir a un ente que va a nombrar a los titulares de los entes de control del país? ¡Qué horror!