9 de octubre de 2014 18:54

Alcalde mexicano acusado de permanecer en fiesta tras informarse de ataque a estudiantes

Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchan en San Cristobal de las Casas, para exigir justicia para los estudiantes. Foto: Miguel Abarca /EFE

Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marchan en San Cristobal de las Casas, para exigir justicia para los estudiantes. Foto: Miguel Abarca /EFE

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Agencia AFP
Iguala 

El alcalde de la ciudad mexicana de Iguala (sur) fue acusado este jueves,  9 de octubre, de permanecer en una fiesta en lugar de detener un ataque de sus policías y sicarios contra estudiantes, que dejaron seis muertos y 43 desaparecidos.

Iñaky Blanco, fiscal de la región de Guerrero, dijo que la noche del 26 de septiembre el alcalde "prefirió seguir en una fiesta y posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir" mientras en su ciudad eran acribillados los estudiantes, 43 de los cuales siguen desaparecidos y se teme que fueron asesinados.

El alcalde, José Luis Abarca, tenía "la obligación jurídica de actuar", subrayó el fiscal en una conferencia en Acapulco (Guerrero).

De su lado, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó este jueves acelerar las investigaciones para llegar a los responsables del crimen "tope donde tope".

"Aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido" serán castigados, enfatizó el mandatario en un evento público en el estado de Guanajuato (centro).

Las sospechas sobre la responsabilidad de estas desapariciones, un caso que ha conmocionado e indignado a México, recaen cada vez más en Abarca y su esposa, quienes huyeron dos días después de los ataques.

El fiscal explicó que no pudieron detener al alcalde porque contaba con fuero y reportó que otros cuatro policías de Iguala -ya suman 26- han sido detenidos bajo cargos de homicidio por su participación junto a sicarios en las balaceras.

Los estudiantes, conocidos por sus radicales acciones e ideología de izquierda, fueron atacados cuando se habían adueñado de varios autobuses para regresar a su escuela rural de la cercana Ayotzinapa después de haber recaudado fondos.

Muchos de ellos fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

Ante esta aparente alianza de agentes y narcotraficantes en Iguala, a solo 200 km de Ciudad de México, toda la policía municipal ha sido retirada de las calles y sustituida por fuerzas federales.

La esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, fue señalada en un reporte del servicio de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública municipal que reprimiera a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía dar ese día.

Sin embargo, el fiscal Blanco aseguró que no ha recibido ninguna denuncia contra la esposa, cuyos hermanos, ya muertos, fueron capos de un poderoso cártel del que surgieron los Guerreros Unidos, el grupo acusado de participar en los tiroteos contra estudiantes.

La fiscalía general ha reconocido que sabía de esta relación familiar pero no puede investigar a alguien sólo por parentesco y también estaba al corriente de una denuncia contra el alcalde por un homicidio en 2013, pero que estaba en la jurisdicción regional.

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