25 de mayo de 2017 00:00

Los albergues se cierran tras 13 meses del terremoto

512 personas que habitaban en el albergue Pedernales 2 se trasladaron al conjunto habitacional Ciudad Jardín. Fotos: Juan Carlos Pérez / para EL COMERCIO

512 personas que habitaban en el albergue Pedernales 2 se trasladaron al conjunto habitacional Ciudad Jardín. Fotos: Juan Carlos Pérez / para EL COMERCIO

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Bolívar Velasco

Los últimos cinco albergues que funcionaban en Manabí y en Esmeraldas para los damnificados del terremoto del 16 de abril del año pasado fueron cerrados esta semana.

Las 1 247 personas (326 familias) que vivían en esos centros, estructurados por carpas azules y cerramientos con todas las seguridades y atenciones, fueron trasladadas a los conjuntos habitacionales urbanizados por el Estado, entre el lunes y martes último (22 y 23 de mayo del 2017).

De esta manera, el Estado declaró el cierre oficial de los albergues, que se formalizó ayer con el anuncio que hiciera el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter.


Los primeros 24 albergues en esas dos provincias se montaron en junio del 2016 para 66 655 personas que perdieron sus casas en el sismo.

Al cumplirse un año del terremoto, el número de albergados se redujo a 23 424 personas, lo que significó una reducción del 35,14%, según el Ministerio Coordinador de Seguridad.

Los bonos de construcción y reconstrucción permitieron que los damnificados dejaran poco a poco esos espacios y fueran a sus nuevos hogares.

La inauguración de las soluciones habitacionales por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en áreas urbanizadas también incidió en las bajas. Esta entidad entregó hasta ayer 31 882 incentivos.

En los albergues que cerraron el lunes y el martes la jornada fue ajetreada.

En San Isidro y Pedernales (Manabí), y Bunche, Chamanga y Portete (Muisne, Esmeraldas), las familias organizaron sus enseres y con ayuda de los camiones de las Fuerzas Armadas se mudaron a sus nuevas viviendas.

Galo Ronquillo desembarcó la tarde del lunes en el proyecto de vivienda Ciudad Jardín que ya está habitado por 512 personas que salieron del albergue Pedernales 2.

Las soluciones de viviendas son bloques de 270 metros cuadrados que tienen una capacidad para cuatro familias cada uno. El proyecto aún está en proceso de construcción, por lo que los nuevos inquilinos deberán convivir en medio de esas labores hasta que se terminen los 20 bloques restantes de casas.

Ronquillo se siente cómodo en su flamante inmueble que tiene dos cuartos, un baño y la sala, para los tres miembros de su familia. Pero está inquieto, porque aún no dispone totalmente de los servicios básicos, como el agua. Sabe que el líquido llega cuando los responsables del plan habitacional avisan por las ventanas que abrieron la cisterna para que se aprovisionen del líquido.

El servicio es racionado hasta que se completen todos los trabajos, según los constructores de la empresa Dugolet.

En el balneario de Canoa (San Vicente), donde se inauguró una primera fase del reasentamiento que lleva el nombre de esa zona, sucede algo similar. Los responsables de la obra debieron levantar las tuberías del servicio de agua potable, porque no quedaron al nivel que se sugirió.

Por ahora los trabajos se realizan nuevamente en este plan habitacional donde ya viven 64 familias que salieron del albergue de la parroquia manabita.

En Chamanga y Portete, 527 familias se cambiaron a las casas que se levantaron en zonas seguras que no pueden ser afectadas por inundaciones.

Betto Estupiñán, administrador de Ecuador Estratégico en Esmeraldas, dijo que las familias fueron trasladadas en su totalidad, de acuerdo como fue lo planificado por las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Por ahora en los albergues permanecen el personal militar y del MIES para levantar un inventario sobre los bienes que llevaron para atender a los damnificados.

Los municipios de Pedernales, Muisne y Sucre analizan pedir un informe a la Secretaría de Reconstrucción sobre el futuro que tendrán esos terrenos. La idea es conocer si el Estado ejecutará obras en esas áreas o las dejarán en manos de cada uno de los cabildos.

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