Tras 14 días de vacancia, hoy (19 de septiembre de 2016) la Asamblea Nacional regresa a sus actividades normales en los ocho últimos meses de gestión del período antes de la posesión del nuevo Legislativo, que será elegido en los comicios del 19 de febrero del 2017.
Para la mayoría legislativa, del bloque de Alianza País (AP), se deben priorizar al menos 14 leyes, de 197 que se encuentran en trámite según los registros del Observatorio Legislativo. Tres de ellas están en la Comisión de Educación.
Se trata de la Ley de Culturas, el Código Ingenios; ambas propuestas del presidente Rafael Correa; y la Ley para la extinción de las universidades suspendidas, iniciativa de Raúl Abad (AP), titular de esa instancia legislativa.
La Comisión ha informado que alista el informe de la Ley de Cultura, que es una de las grandes deudas legislativas del oficialismo ya que la propuesta inicial fue entregada por Correa en septiembre del 2009, hace siete años.
Abad explica que el tiempo que se han tomado no responde a una negligencia en la Comisión. Señala que se trata de una norma “amplia e integral” y que debe ser analizada no solo por la legislación, sino por los actores involucrados.
En la primera reunión del Pleno luego del receso, citada para las 09:30 de mañana, se analizará el proyecto de Ley para la Atención Humanizada del Embarazo, Parto y Postparto. El objetivo es garantizar los derechos de las mujeres y sus familias durante el embarazo, parto y tiempo de recuperación del aparato reproductor de la mujer, luego de alumbrar.
Otro proyecto es el de la Ley Orgánica de Protección de Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales, propuesto por Gabriela Rivadeneira el 12 de julio.
Busca proteger los datos personales de todas las personas, de manera que se evite la difusión de esta información sin la autorización de su titular. Así como su publicación, tratamiento y comercialización.
El proyecto ha sido cuestionado por la posibilidad que se abre para restringir el acceso a la información relacionada con los funcionarios públicos.
El Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), por ejemplo, emitió un análisis en el que se asegura que “de llegarse a aprobar esta ley, se impediría una rendición de cuentas claras por parte de los funcionarios públicos”. Ya que serán ellos los que autorizarán qué información desean que se publique o no.
Sin embargo, Rivadeneira rechaza estas aseveraciones. En un comunicado indicó que el artículo 18 de la Constitución determina derecho de las personas, la posibilidad de acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.
La Comisión de Salud conocerá el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Medicina Integral Prepagada.
Una prioridad electoral
De cara a las elecciones, las fuerzas políticas y las alianzas miran en la Asamblea una prioridad igual de importante que ganar la presidencia y vicepresidencia de la República.
Paco Moncayo, coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio, coalición que aglutina organizaciones de centroizquierda, explica que tener una mayoría legislativa es clave para realizar “cambios estructurales en el país”.
Añade que si el Ejecutivo y el Legislativo son copados por tendencias políticas opuestas, podría haber estancamientos para aprobar o reformar leyes.
César Montúfar, líder de Concertación y una de las opciones que maneja la Unidad de la centroderecha para encabezar la Asamblea, dice que la mayoría legislativa de la oposición permitirá definir una agenda de fiscalización al Gobierno saliente, pese a que Alianza País vuelva a ganar la Presidencia.
Explica que lo importante será que “las fuerzas democráticas” ganen la Asamblea, sin importar si su tendencia es de derecha o izquierda. “Tendremos la obligación de llegar a acuerdos únicos dentro del trabajo legislativo”.
En los últimos dos períodos de la Asamblea, la mayoría legislativa ha sido ‘verdeflex’. Entre 2009 y 2013, los 59 asambleístas oficialistas encaminaron la aprobación de 64 leyes. Mientras que en el actual período, que tiene una mayoría de 96 asambleístas oficialistas, a ocho meses de su clausura se han aprobado 51 leyes.