11 de abril de 2017 00:00

Más afectados por accidentes llegan a las salas de urgencia

En la foto se ve a paramédicos atendiendo a un herido en un accidente, en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En la foto se ve a paramédicos atendiendo a un herido en un accidente, en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Fernando Medina

Los días más complicados son jueves, viernes y sábados. El servicio de emergencia del Eugenio Espejo, uno de los hospitales estatales más grandes del país, tiene 37 camillas en esa área y por cada accidente vial que ocurre, especialmente en Quito, recibe a tres o cuatro personas en estado crítico.

La atención de este tipo de emergencias no es distinta en los 135 hospitales públicos que operan en el país.

De hecho, en el último año existe un incremento. En el 2015, a las salas de emergencia públicas llegaron 23 544 afectados por siniestros viales, mientras que en el 2016 subió a 171 701 pacientes.

Este grupo, sumado a otros que después de un percance pasan de una clínica privada a un centro estatal de salud, copan el 30% de los servicios de urgencias. Este dato lo confirmó la directora nacional de Hospitales del Ministerio de Salud, Ana Arellano.

En cambio, la Asociación de Clínicas Privadas dice que los heridos en accidentes viales ocupan el 15% de sus áreas de urgencias en el país.

Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, un organismo que se dedica a la investigación de los siniestros viales, dice que las estadísticas son “alarmantes” y que reflejan el “alto índice de accidentes de tránsito”.

En un proyecto que envió a la Asamblea Nacional, en febrero del 2017, el presidente Rafael Correa señaló que el “Ecuador sigue mostrando cifras preocupantes tanto en su tasa de accidentabilidad como de víctimas”.

Según Abad, eso se refleja en las salas de emergencia y dice que en el 2008 ya se advirtió de esa problemática. Ese año detectaron que los accidentes provocaban “importantes rubros de gastos médicos para el Estado”.

Por eso se creó el SOAT, un seguro vial que indemnizaba a los hospitales por los gastos generados en la atención a heridos de accidentes.

En el 2016 ese seguro fue reemplazado por el Servicio Público para pago de accidentes de tránsito (Sppat) y este organismo pagó USD 24,8 millones a los centros públicos de salud a las clínicas particulares.

El Ministerio de Salud dice que el 2016 recibió USD 2,7 millones por las atenciones a los afectados, pero dice que pidieron el desembolso de USD 4 millones.

Representantes del Sppat aseguran que no existe retrasos en los pagos y aclaran que el resto del dinero está en trámite, pues cuando las clínicas u hospitales solicitan el pago de las coberturas los pedidos pasan por una auditoría médica.

Los especialistas analizan las atenciones y verifican que los costos de las prestaciones médicas sean los correctos. Luego, el desembolso de los recursos económicos tarda entre 30 y 40 días.

Según el Ministerio de Salud, no todas las atenciones son cubiertas por el Sppat.

Esto ocurre, porque por la inmediatez de la atención que requieren los heridos, las ambulancias los trasladan a clínicas privadas cercanas. Una vez que los pacientes son estabilizados son transferidos al sector público. En esos casos, el Sppat da la cobertura a la clínica que primero atendió a los afectados. Mientras que el Ministerio de Salud costea los gastos de tratamiento o intervenciones quirúrgicas que se presenten luego.

Eso fue lo que sucedió con Rodolfo Quintana, un joven que fue arrollado mientras conducía su moto. Primero fue atendido en una clínica y luego fue llevado al Eugenio Espejo para practicarle una cirugía en la mandíbula que costaba al menos USD 3 000.

Eso también ocurrió con Juan Albán. Él fue atropellado y aunque fue atendido en un hospital privado, luego la rehabilitación la siguió en una casa de salud pública.

La directora Arellano dice que la idea es que la atención a los afectados se garantice.

Por eso, desde el 2012 se creó un sistema nacional prehospitalario que se articuló con el ECU 911 y se adquirieron 289 ambulancias a escala nacional.

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