21 de enero de 2017 00:00

Las denuncias anticipadas traen reacción

Joffre Flores / El Comercio El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acudió ayer a la Fiscalía del Guayas. Luego habló ante sus simpatizantes.

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acudió el viernes a la Fiscalía del Guayas. Luego habló ante sus simpatizantes. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

A la Fiscalía del Guayas llegaron el viernes 20 de enero del 2017 seguidores y políticos del Partido Social Cristiano (PSC), con su líder, Jaime Nebot a la cabeza. El Alcalde de Guayaquil ingresó al edificio judicial a las 11:00 y subió directamente al despacho de Patricia Morejón, máxima autoridad de esa dependencia.

Allí saludó con ella y luego le pidió que indague si él ha tenido nexos con la empresa brasileña Odebrecht, como insinuó en esta semana el Gobierno.

La noche del jueves 19 de enero, el Alcalde incluso emitió un mensaje en televisión y desestimó un listado con 18 nombres que fue difundido en las redes sociales, y en el que él también consta.

En el documento se advierte que los supuestos sobornos de Odebrecht se habrían realizado durante la construcción del Trasvase de Santa Elena, en el gobierno de Febres Cordero.

El viernes, tras dejar la Fiscalía, Nebot anunció que volverá a esa dependencia la próxima semana y pedirá a Morejón que inicie una indagación contra “todos los autores y cómplices” que lo “imputaron falsamente” en el caso Odebrecht.

En Quito hubo una reacción similar. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, criticó al oficialismo por “construir especulaciones sin ningún sustento”. El cuestionamiento fue dirigido a María José Carrión, asambleísta de Alianza País.

La legisladora habló de una posible relación entre Odebrecht y Rodas por un viaje que él hizo el 15 de marzo del 2014 a Brasil. El Alcalde le exigió que renuncie a su inmunidad para abrir un proceso judicial en su contra por difamación.

Con base en la Constitución y el Código de la Función Judicial (COFJ), el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, advierte que los fiscales y los jueces son los únicos que pueden acusar y juzgar.

En el COFJ (art. 282) se dice, por ejemplo, que solamente a la Fiscalía le corresponde “dirigir y promover” la investigación penal y “de hallar mérito” acusar a los responsables.

En el art. 195 de la Constitución se precisa, además, que es atribución de fiscales “impulsar la acusación” frente al juez “cuando haya fundamento”.

De hecho, actualmente hay una indagación previa que la Fiscalía abrió por Odebrecht.

El 20 de enero, el exconcejal de Ambato y actual candidato alterno a la Asamblea, Jacobo Sanmiguel, también criticó el pronunciamiento de la legisladora Carrión y dijo que es falso.

La asambleísta sostuvo que “de forma extraoficial” posee información que indica que Sanmiguel supuestamente manejó USD 30 millones en sus cuentas. Un día después de esto, ella acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia.

Sanmiguel negó esas afirmaciones y dijo que “tendrán que demostrar a la ciudadanía los depósitos por ese valor”. Y aclaró que sus cuentas están abiertas para que sean revisadas.

El caso Petroecuador

El caso de la estatal petrolera es investigado en 24 procesos. Uno de ellos está relacionado con cohecho, en el que hay 18 indagados, entre ellos Álex Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli y los contratistas Jaime, Juan y Javier Baquerizo.

El proceso judicial seguía el viernes y paralelo a estas diligencias, el jueves el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo que descubrieron “detalles escandalosos” de la corrupción en la petrolera. Aseguró que Carlos Pareja Cordero era el “jefe de la mafia” en Petroecuador.

Para sustentar esa aseveración, Mera exhibió seis diapositivas con supuestos correos entre Pareja Cordero y Pareja Yannuzzelli -que no eran parte del proceso- donde el primero advertía al segundo sobre cómo adecuar contratos para “ciertas empresas”.

En agosto del 2016, Mera se refirió al tema, pero dijo que la corrupción en Petroecuador “viene de los Baquerizo, de Oil Services & Solutions”, que manejó contratos con la petrolera estatal.

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