11 de octubre de 2017 00:00

Acuerdo fiscal con Verduga, Terán y Massuh no se plasmó

El fiscal Carlos Baca Mancheno (derecha) llegó el martes a la Corte Nacional. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El fiscal Carlos Baca Mancheno (derecha) llegó el martes a la Corte Nacional. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Javier Ortega

En el mezzanine de la Corte Nacional de Justicia estaban todos: el juez Miguel Jurado, el fiscal Carlos Baca Mancheno y los abogados. La esposa de Jorge Glas, Cinthia Díaz, también había llegado a esa dependencia judicial.

La diligencia fue convocada para analizar si la prisión preventiva en contra del Segundo Mandatario se levantaba o no, tal como lo había pedido la defensa la semana anterior.

Pero en una reunión, que no duró más de cinco minutos, se conoció que Glas había desistido de su pedido inicial. A través de un comunicado sostuvo que prefiere esperar hasta el lunes 16, cuando se conozca si va o no a juicio por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

“Él espera que ese día la Fiscalía no lo acuse o que el juez lo sobresea, porque hemos desvanecido todos los elementos en su contra. Ese día debe brillar la verdad”, comentó Eduardo Franco Loor, abogado de Glas, antes de abandonar la Corte Nacional de Justicia (CNJ). “Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad, bien sea porque el Fiscal General se abstenga o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal”.

En la mañana, Franco había indicado a este Diario que pedirá que se aplique cualquier otra medida distinta a la prisión preventiva. En el artículo 522 se fijan cinco modalidades para garantizar la presencia de un sospechoso en el juicio: prohibición de salida del país, presentación periódica ante el juez, arresto domiciliario, uso de un dispositivo electrónico o la prisión.

Inicialmente, a Glas se le prohibió la salida del país, pero luego la Fiscalía pidió la prisión, pues adujo que había riesgo de una fuga.

En los exteriores de la Corte Nacional de Justicia también hubo actividad. Allí se concentró un grupo de simpatizantes del Vicepresidente. Los seguidores aseguraron que no hay pruebas en contra del Segundo Mandatario y pidieron su liberación. El grupo no superaba las 30 personas.

Antes de que se instalara la audiencia, la secretaria del juez leyó un escrito presentado por el fiscal Baca, en donde anunció que no llegó a un acuerdo con José Rubén Terán, Kepler Verduga y Gustavo Massuh sobre la aplicación de un proceso abreviado. Ellos están en el grupo de 18 procesados por posible asociación ilícita y pidieron una rebaja de la pena, a cambio de entregar datos sobre el esquema de corrupción (proceso abreviado). Según el escrito de Baca, los procesados y la Fiscalía no llegaron a un acuerdo sobre el monto que deben pagar como indemnización económica, por los actos ilícitos que perpetraron.

Hace un mes, los tres entregaron sus testimonios anticipados y revelaron cómo operó la trama de corrupción.

Verduga, principal accionista de la empresa Equitransa, dijo que su compañía facturó con sobreprecio en las obras de la constructora brasileña.

El sospechoso explicó que Odebrecht le pedía un porcentaje de dinero a cambio de subcontratarla. Los brasileños llamaban a este mecanismo “planificación fiscal”.

Equitransa, constituida en 1990 y dedicada al alquiler de equipos y transporte pesado, participó en el proyecto Trasvase Daule-Vinces, una obra a cargo de Senagua y que fue adjudicada a la constructora en abril del 2012, por 191 millones.

Los pagos se hacían en efectivo o a través de transferencias. La entrega del dinero en efectivo siempre se efectuaba en las oficinas de la constructora brasileña, en Guayaquil.

Todo este sistema ilícito se manejaba bajo “estricta reserva”. Solo lo conocían los ejecutivos de Odebrecht y Verduga. El mismo esquema se aplicó para la remoción de tierras en El Aromo (Manta). En esta obra, adjudicada a la empresa de Brasil por USD 229,9 millones, en julio del 2012.

Verduga dijo que en total entregó  USD 3,8 millones, entre transferencias y efectivo.

Massuh, en cambio, aceptó haber intermediado en los pagos ilícitos que hizo Odebrecht, tras ganar el contrato para construir el Poliducto Pascuales-Cuenca, a cargo de Petroecuador. Dijo que el dinero supuestamente llegó a Ramiro Carrillo (con arresto domiciliario) y quien firmó el contrato con la constructora. En total hubo tres pagos que habría recibido Massuh, entre 2014 y 2015.

Uno de USD 130 000, otro de 179 000, y un tercero de 250 000.
La Fiscalía ratificó la prisión contra Massuh y solicitó que acceda a tratamiento médico.

De su parte, Terán Naranjo admitió, en cambio, haber pagado entre USD 800 000 y un millón a Marcelo Cevallos, exfuncionario de la Gerencia de Almacenamiento y Transporte de Petroecuador, departamento a cargo del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca.

El martes, investigadores de la Fiscalía dijeron a este Diario que todos estos detalles se mantienen vigentes y se usarán en un posible juicio, pese a no haber acuerdo con los tres procesados. Y aclararon que lo único que se anula es el escrito en donde los tres habrían aceptado los cargos.

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