1 de April de 2010 00:00

Los acreedores aún esperan tras 12 años

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

Redacción Negocios

Luego de 12 años,   las heridas de la crisis financiera de 1998 no se cierran. Aún están  frescas  en la piel  de cientos de perjudicados a los que no se les devuelven alrededor  de USD 210 millones, según la  veeduría que vigiló este histórico proceso.

El salvataje bancario  alcanzó  USD 8 200 millones, de los cuales el Estado sigue en la batalla por recuperar, al menos, una parte. Tras largos  procesos de saneamiento y liquidación de 33 entidades financieras, el presidente Rafael Correa tomó la  decisión  de acabar con este capítulo de la crisis.  Y para esto se declaró  con valor cero los bonos 98-17, que sirvieron   para pagar las acreencias.


2 335,9 millones
de dólares deberá recuperar el Banco Central por  juicios coactivos que recibió.

Pero para Francisco Rocha,  analista y ex asesor del Banco Central (BCE),   estos bonos  debieron  ser redimidos al Banco Central por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD),  con lo que cobraba   a los banqueros y deudores de la banca cerrada.
  
Estos papeles significaban para el Estado USD 1 100 millones.

Este Gobierno también  fijó el 31 de diciembre pasado como último plazo   para concluir con la liquidación de  33 instituciones.

Este objetivo  despertó   las esperanzas de  los clientes que pensaron recuperar su ahorro, pero en la práctica  no se cumplió.

Este periódico recibe a diario mensajes como estos:       “Me llamo Pablo Chambers, mantenía un depósito en  Lincoln Bank,  que es parte de Bancomex, y hasta la fecha no se me ha entregado nada”.  

“Mi padre, Jaime Terán, tenía unos ahorros en  Fondo Visión del Banco  Popular y aún no ha podido recuperarlos, de hecho no se sabe nada...”, dice Franklin  Terán.

Hasta diciembre, la Superintendencia de Bancos (SBS) ordenó la extinción legal y la conclusión de la liquidación de 28 entidades financieras.
 
Y hasta ayer, este cierre se extendió a  cuatro instituciones: Filanbanco, Progreso, Tecfinsa y Banco de los Andes.

La Mutualista Benalcázar,  última en cerrarse  el 7 de mayo del 2008, quedó pendiente.  
       
Pero este cierre jurídico, en palabras de Felipe Balladares, presidente de la Junta de Acreedores del Banco de los Andes, “es una farsa”.

Esto lo dice  porque a través de la resolución 1427, la Junta Bancaria  dispuso el cierre, pero todas las obligaciones inconclusas  de los bancos debieron  pasar  a una institución con capacidad coactiva.
 
Esta responsabilidad recayó sobre el Banco Central. “Con esto se tapó un hueco, pero se abrió otro y en ninguna parte se garantiza el pago de acreencias”, dice  Balladares.  La única certeza es que la misma resolución establece que se irá pagando a los acreedores conforme se liquiden los activos transferidos al Central.
  Gastón Bolaños, presidente de la veeduría, confía que en el lapso de un año los depositantes recuperen su dinero.
Rocha añade que si bien lo que se dio fue un cambio de liquidador, la ventaja es que el banco tiene buenos antecedentes de recuperación de cartera.  Por ejemplo, señala que logró un 97% de cobro  de los préstamos de liquidez que entregó durante la crisis a los bancos quebrados.
 Mediante un comunicado,
la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando,   defendió este mecanismo  usado  por otros países,   como Uruguay. 
Y  añadió  que  “precautela la autonomía”  de la Superintendencia   como  ente de supervisión y “crea  una vía segura para la liquidación de los activos  a  fin de evitar mayores perjuicios a los clientes...”.
  Al Banco Central, según dice el comunicado,   se pasaron  6 335 juicios coactivos por USD 2 335,9 millones. Y hasta el momento, la  Superintendencia   dice estar  consolidando  las  pérdidas  de las instituciones, para proceder  “a  tomar  a  su  cargo    bienes,  acciones  y participaciones  de  las  compañías  y  empresas  de  propiedad  de los accionistas de los bancos”.
 Con esto se prevé cubrir  parcial o totalmente  las acreencias de los depositantes  (…)  y las pérdidas.


Por otra parte, el Ministerio de Finanzas asumió las obligaciones que dejó la  AGD, como las incautaciones de bienes de los ex dueños de los bancos.   Finalmente,  dependerá del Central y de Finanzas que este capítulo se extienda o no  otros 12 años.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)