3 de enero de 2018 00:00

Abusos a menores: 50 judiciales separados por errores

Diego Yépez (der.), abogado de ‘El Principito’, en octubre denunció que un juez cometió un error. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Diego Yépez (der.), abogado de ‘El Principito’, en octubre denunció que un juez cometió un error. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Fernando Medina

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Han pasado cinco años y siete meses desde que Patricia fue abusada por su profesor de historia, en Ambato. Su madre, quien lleva el mismo nombre, ya perdió la cuenta de las veces que fue a la Fiscalía, Policía y a los juzgados para pedir que el maestro sea sancionado.

Pese al tiempo, el caso continúa impune. En noviembre del 2017, un Tribunal Penal ordenó la prescripción del proceso y la libertad del docente, quien fue detenido el 2 de julio.

La madre de Patricia recuerda ese día, porque fue ella quien tuvo que entregar la boleta de captura a los policías y llevarlos hasta donde estaba el maestro para que lo arrestaran.

Para lograr que eso ocurra, la mujer esperó más de dos años, pues solo para emitir la boleta los jueces se demoraron 10 meses. Ahora su caso es analizado por la Judicatura y la Fiscalía.

Las dos entidades indagan si los funcionarios que participaron en el proceso fueron negligentes y cometieron errores.

Eso ya ha ocurrido antes. En los últimos cinco años, 50 servidores judiciales han sido destituidos por errores que cometieron el momento de tramitar casos relacionados con delitos sexuales a menores.

La mayoría de sanciones fue para los jueces.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, detalla que las amonestaciones a los funcionarios judiciales se interpusieron, porque fueron negligentes al no pedir pericias, por no procesar a los sospechosos bajo la figura pertinente, por no llegar a las audiencias y por atrasos no justificados.

Además, porque cometieron errores, como dictar arresto domiciliario sin ningún sustento legal o no emitir prisión preventiva y permitir la fuga.

Precisamente eso fue lo que ocurrió en el caso del ‘Principito’, un niño de 5 años que fue abusado por su maestro de natación en el 2014.

En octubre del 2017, un Tribunal Penal detectó que un juez y una secretaria no comunicaron que el profesor procesado no se presentaba en el juzgado periódicamente, tal como se ordenó en agosto del 2016.

Ahora, el maestro está prófugo y los abogados del menor dicen que se debe indagar al juez que no dictó la prisión preventiva desde un inicio.

Un magistrado fue destituido por ordenar el arresto domiciliario de un maestro señalado por acoso sexual a una menor de 16 años. La Judicatura determinó que esa decisión fue un error del juez, pues el sospechoso tenía 40 años y estaba en buenas condiciones de salud, como para ser recluido en una cárcel.

El mismo error cometieron dos jueces en el 2013 y el 2015.
Estos expedientes reposan en la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional. El organismo -que indaga los abusos a niños- ha analizado más casos.

Uno de esos es el de un fiscal que no inició la indagación previa en un caso de violación.

A pesar de que conoció el hecho enseguida, el funcionario ordenó una pericia gineco­lógica a los 19 días, por eso los indicios de agresión desaparecieran y los jueces calificaron el hecho como tentativa de violación.

Otro fiscal fue destituido por no pedir pericias para comprobar la violación de una niña con discapacidad. La madre de la niña le dijo al funcionario que su esposo había agredido a su hija varias veces. Pese a ello, el agente no presentó exámenes médicos y el juez declaró la inocencia del agresor.

Para la agrupación Rescate Escolar, estos hechos se deberían castigar no solo con sanciones administrativas, sino penales. Por eso, cada miércoles se reúne con delegados de la Judicatura para identificar más irregularidades. Allí verifican, principalmente, el tiempo que tarda la indagación.

Además, analizan reformar el Código Penal para que los procesos sean más rápidos. Ahora, una investigación puede tardar hasta dos años. Otra de las alternativas es que se pueda juzgar a los sospechosos en ausencia. Es decir, que los juicios no se paren porque los agresores estén prófugos.

También se prevé que los hechos no prescriban, tal, como ocurrió en el caso de Patricia.

En contexto 

El 8 de noviembre, el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, compareció en la Comisión Aampetra. Allí habló sobre los funcionarios destituidos e informó que se fortalecieron los juzgados especializados en niñez y adolescencia.

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