Aampetra hizo 10 observaciones a gestión de exministro de Educación por casos de abuso sexual

El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, aseguró que se irá luego de aprobar dos leyes. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, aseguró que se irá luego de aprobar dos leyes. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La Comisión legislativa Aampetra hizo observaciones a la gestión de Augusto Espinosa, quien estuvo a cargo del Ministerio de Educación en el período de mayo de 2013 hasta noviembre de 2016. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La falta de cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y de activación de los protocolos de acción, los procesos de selección de autoridades inconclusos y las acciones de prevención ineficientes.

Esas son cuatro de las 10 observaciones que hizo la Comisión legislativa Aampetra sobre la gestión de Augusto Espinosa, quien estuvo a cargo del Ministerio de Educación en el período de mayo de 2013 hasta noviembre de 2016.

El informe se presentó el pasado jueves 15 de marzo del 2018. En el documento se hace un recuento de las acciones y omisiones de los tres últimos titulares de la cartera de Educación: Augusto Espinosa, Freddy Peñafiel y Fander Falconí (actual ministro).

Luego de su presentación, la legisladora del Partido Social Cristiano, Dallyana Passailaigue, mostró su preocupación por el informe que –explica– contiene elementos similares al presentado para el juicio político de Espinosa (15 de noviembre del 2017). “Ahora es la Fiscalía la que determinará si hay indicios de responsabilidad penal”. Esto ya que la Asamblea no puede retomar un juicio político contra Espinosa cuando vencieron los plazos para enjuiciarlo políticamente.

El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) interpusieron meses atrás una denuncia en contra del hoy asambleísta Augusto Espinosa.

Hoy, lunes 19 de marzo del 2018, Ángel Orna y Jorge P. se acercaron a la Fiscalía a realizar el reconocimiento de firma y rúbrica. Esto como parte de las acciones encaminadas a la denuncia por las omisiones en casos de violaciones sexuales en el sistema educativo.

Según Orna, se busca que se investigue a Espinosa y a otros responsables de estas omisiones.
Por eso pidió celeridad en el proceso. Hace tres meses aproximadamente interpusieron la acción y recién se llama a esta acción.

Este Diario se comunicó con el legislador Espinosa para obtener una reacción sobre estos temas. Atenderá la entrevista en la tarde.

Las 10 observaciones a la gestión de Espinosa, hoy asambleísta de Revolución Alfarista

1. La cobertura de los DECE ́s es insuficiente y no han coadyuvado para la detección de casos.

Sobre los DECE se indicó que el 54,5% de instituciones fiscales está cubierta. Esto equivale a 1 919 618 estudiantes, que cuentan con psicólogos educativos, frente a 3 522 620, el total de alumnos. Lo que implica que el 45,5% de chicos no cuenta con esas unidades especializadas.

En el informe se explica que hay 1 768 establecimientos educativos, 1 669 fiscales y 99 fiscomisionales.

2. La ineficacia de las políticas y acciones de prevención de la violencia sexual

En el informe se explica que no se registraron procesos de evaluación para conocer el impacto de las capacitaciones y de las campañas comunicacionales tanto a los docentes como estudiantes sobre el tema de violencia sexual.

Adicionalmente se apunta que en el 2014 se registraron 34 casos, en el 2015 se reportaron 94 casos y en el año 2016 se reportaron 389. Esto da cuenta –dice– que las acciones no fueron eficientes.

3. Procesos de selección de directivos de unidades educativas públicas inconclusos, falta de regulación de procesos de selección en las instituciones particulares e inexistencia de procesos de evaluación psicológica continúa

Los procesos de selección para el personal directivo en instituciones públicas fue inconcluso. El ingreso de directivos no respondió a procesos de selección por concurso de méritos y oposición de acuerdo con los artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

4. No se activaron los protocolos de actuación frente a hechos de violencia sexual detectados en instituciones educativas ni se vigiló su cumplimiento

En este punto se explica que no se activaron ni aplicaron en su integralidad los protocolos de actuación frente a hechos de violencia. Es decir, no hubo una denuncia inmediata a las autoridades, la derivación a los distritos y a la Fiscalía. Además no se habla de una contención ni apoyo a la víctima. Tampoco de medidas de protección a la víctima que garanticen el alejamiento del supuesto agresor.

5. Falta de implementación de un Sistema Especializado de Registro de casos

En el documento se sostiene que hay una implementación de un sistema denominado Mogac (Módulo de Gestión de Atención Ciudadana) en el Ministerio de Educación. Este abarcaba casos de todo tipo del sistema educativo. Sin embargo, la entidad no tenía registros de casos de violencia sexual. Esto “evidencia que no se coordinó una adecuada transición de las direcciones provinciales a las direcciones distritales, que incluya el traslado íntegro de los expedientes que habían sido tramitados por estas instancias desconcentradas”.

6. Falta de sanciones, seguimiento y conclusión de los procedimientos administrativos en los casos de violencia sexual en unidades educativas conocidos por el Ministerio de Educación.

En la gestión del exministro Augusto Espinosa se denunciaron 382 casos. De estos se resolvió el 44%, de los hechos conocidos, lo que evidencia que un 56% de esos no fue resuelto, se dice en el informe de Aampetra. De este 44% de casos resueltos, no todos fueron sancionados con destitución (que es la sanción que corresponde), sino que se los archivó, se absolvió a implicados o simplemente se los suspendió.

7. No se auditó a las instituciones educativas, en donde se registraron hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

No hay indicios de que se haya dispuesto la intervención o auditorías a las instituciones educativas para verificar su funcionamiento y las causas y posibles negligencias que ocasionaron estos hechos. En planteles privados tampoco se dio un seguimiento del tema.

8. No se ejecutó el Plan Nacional Integral para Erradicar los Delitos Sexuales en el sistema educativo

La Comisión Aampetra analizó que no se ejecutaron las líneas de acción contenidas en el Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el Sistema Educativo. Por ejemplo: no se registraron estrategias de prevención y erradicación de estos temas; hay un alto número de casos archivados; no se ordenaron medidas de reparación a las víctimas.

9. Incumplimiento de los objetivos del Convenio Marco Interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Educación para la investigación y sanción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo

No hubo una coordinación entre entidades como el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura para poner en práctica compromisos de coordinación para evitar estos casos en las instituciones educativas. Esto pese a la suscripción de convenios entre entidades.

10. Incumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño

El Estado, al ser suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño, tiene la obligación de cumplir las observaciones y recomendaciones que realiza el Comité de los Derechos del Niño. Entre ellas se puede mencionar una que indica que el niño o adolescente no debe ser objeto de violencia en ningún ámbito.

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