22 de noviembre de 2017 00:00

La Comisión Aampetra de la Asamblea revela negligencia en 30 casos de abuso sexual en escuelas

Ayer (21 de noviembre de 2017), un grupo de padres de familia realizó un plantón para rechazar los abusos sexuales a niños, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

Ayer (21 de noviembre de 2017), un grupo de padres de familia realizó un plantón para rechazar los abusos sexuales a niños, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO.

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Gabriela Quiroz y
Fernando Medina (I)

El agresor violó a diez niñas en dos centros educativos y en ambos casos la solución fue cambiarlo de plantel.

A cambio de reubicar al docente, los padres y representantes fueron obligados a firmar un acta de compromiso, en la que desistían de llevar a sus hijas a un examen médico.

Así no tendrían la prueba que mostrara y determinara los daños causados por la violación y tampoco podían recurrir a un psicólogo.

Esta denuncia de los familiares de las víctimas en contra del personal del Distrito Educativo y el Departamento de Consejería Estudiantil (Dece) fue recogida en el informe de la Comisión Especializada Aampetra, de la Asamblea.

Estas violaciones sucedieron en dos unidades educativas de Chimborazo, y tras lamentar el hecho, el violador fue detenido.

Este es uno de los 30 casos que los miembros de la Comisión han analizado y en los que hay más de 420 víctimas. Aunque este organismo cuenta con más causas entregadas por la Fiscalía, Judicatura y Ministerio de Educación.

INFO AAMPETRA

En el caso de un centro educativo de Santo Domingo, un profesor abusó sexualmente de 14 niñas, maltrató física y psicológicamente a 18 más. El Distrito conoció el hecho y el docente fue destituido, pero no se notificó a la Fiscalía ­para seguir el proceso penal. El rector no colaboró.

Hay tres denuncias individuales en la Fiscalía y una de ellas se archivó, pero por la presión se reabrió el caso y sigue en trámite. El informe no detalla la situación actual del agresor. Pero tras las denuncias de los padres, se conoció que el sospechoso se fugó.

En un colegio del norte de Quito hay un caso de acoso sexual, en el que el maestro fue suspendido y sancionado con 10% de su salario, pero el Tribunal de Garantías Penales de Quito lo declaró inocente.

En dos centros educativos, el número de víctimas es alarmante: En un establecimiento del sur de Quito fueron 41 niños y en otro de Calderón, al norte de la capital, sumaron 84.

El primer caso ha sido el más emblemático y fue por el que se destapó este escándalo.

La Comisión señala que el Ministerio de Educación no efectuó sanciones administrativas contra el docente ni contra la entidad, entre el 2011 y 2016. Solo se generó una multa por uno de los dos procesos investigativos abiertos, que se cobró cinco años después.

Pese a que las víctimas sufrieron violación sexual, la Fiscalía primero acusó al agresor de atentado al pudor, un delito menor. En el siguiente juicio, él fue acusado de violación y sentenciado a 16 años de prisión. Aunque esa causa se dio por la agresión a una de las víctimas. En este caso, los familiares denunciaron cambios de fiscales y desaparición de la evidencia.

En la segunda entidad, el informe solo especifica que el docente fue trasladado dentro del Distrito, para cumplir actividades administrativas, y el Ministerio intervino al centro.

En mayo del 2017, se presentó la denuncia en la Fiscalía y sigue en investigación. Según la entidad, se trata de un pedófilo.

Tras el abuso sexual contra cinco niños en un colegio de Guayaquil, en cambio, hay tres detenidos y un prófugo.

Desde el Ministerio se reconoció que existió omisión y negligencia por parte de las autoridades del plantel y del Distrito Educativo. Las autoridades de la institución fueron removidas y se intervino a la entidad. Los abusos se ex­tendieron a un centro de desarrollo infantil, en donde la víctima apenas tiene cuatro años. El agresor está fugado.

Las alumnas de una academia de ballet denunciaron a la Comisión que su instructor, durante años, sistemáticamente y de forma permanente las acosaba sexualmente y violó a una, cuya denuncia se archivó.

El instructor sigue dando clases de ballet de forma independiente y una nueva denuncia se presentó en la Fiscalía.

En este caso, la Comisión aclara que este tipo de entidades no tienen ningún control.

El informe de Aampetra también evidencia la falta de coordinación entre las entidades involucradas, y esto se refleja en las estadísticas de cada una. Según la Fiscalía, en seis años (2012-2017) hubo 1 057 denuncias. Sin embargo, la Judicatura maneja una cifra superior (4 864), en tan solo los últimos tres años. De esas, 2 264 fueron judicializadas. A nivel del Ministerio de Educación, las denuncias de agresiones en contra de menores sumaron 882, entre 2014 y 2017.

Sin embargo, en la primera comparecencia que solicitó la Comisión al actual ministro de Educación, Fander Falconí, detalló que el número de casos se incrementó a 919, y esto solo corresponde al sector público.

También comparecieron dos exministros de Educación: Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel. El primero estuvo al frente del Ministerio entre mayo del 2013 y noviembre del 2016. En su intervención señaló que los abusos no son patrimonio del sistema educativo sino que la mayor parte suceden en los hogares.

Él admitió en la Comisión que sabía lo que estaba pasando, pues al año se presentaban en la Fiscalía un promedio de 100 denuncias. Ayer, Espinosa reiteró a este Diario que por esas denuncias en su gestión hubo auditorías a las instituciones y sanciones al personal. Además, detalló tres acciones: un sistema de registro y de monitoreo; un proceso de acceso riguroso al magisterio con pruebas psicométricas y se constituyeron juntas de resolución de conflictos.

Peñafiel reemplazó a Espinosa hasta mayo del 2017 y en su comparecencia en la Asamblea dijo que participó en la contratación de psicólogos clínicos y educativos y trabajadores sociales.

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