Modesto Moreta y Red. Judicial
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‘Quitarnos las herramientas de trabajo es como cortarnos las manos”. El lamento pertenece a Ángel Benavides, quien camina por entre desarmadores y tenazas, regadas en el piso de su taller de armas de fuego.
Desde hace 30 años fabrica todo tipo de armas y -según dice- desde anteayer por primera vez su negocio dejó de producir. 600 policías de élite decomisaron las herramientas de trabajo y las armas en los talleres de armamento, supuestamente ilegales, de cuatro comunidades del cantón Chimbo, en Bolívar.
Según la Policía, se decomisaron 38 revólveres y ocho escopetas; además, partes de armas: 273 cañones de revólver, 154 tambores de revólver, 50 culatas, 18 gatillos y nueve armazones.
“Ahora no tengo trabajo ni dinero para las compras de la semana”, refiere Benavides, quien sostiene que gana USD 240 al mes para cubrir las necesidades básicas de su familia; tiene dos hijos.
Ayer, a las 07:00, Napoleón Guillén, presidente de la Asociación de Artesanos 22 de Abril, llegó al taller de Benavides para evaluar el daño en las instalaciones. Guillén también buscaba recuperar las herramientas decomisadas, almacenadas en las bodegas del Municipio de Chimbo.
La próxima semana está prevista la llegada del ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, para entablar un diálogo. Aunque ayer, Jalkh aseguró que el 90% de delitos se comete en el país con armas que provienen de la fabricación artesanal y clandestina. Y enfatizó: “El trabajo de algunos no puede ser la inseguridad de todos… Se tendrá que proceder a buscar alternativas laborales y requisas de las armas; es una cuestión que hay que controlar”.
Napoleón Guillén aseguró que la mayoría de artesanos tenía sus documentos en regla. “La Policía debía ir solo a los sitios donde se hacen armas ilegales”.
En Chimbo se fabrican escopetas, carabinas y revólveres a un valor de entre USD 200 y 550 cada una. Según Jalkh, 36 talleres tienen permisos y 50 son ilegales.
Tras el enfrentamiento del miércoles, la tranquilidad retornó ayer de a poco al poblado. Solo los locales comerciales abrieron sus puertas y los moradores limpiaron las calles adoquinadas.
Los vecinos y los trabajadores del Municipio de Chimbo recogieron las llantas que anteayer se encendieron para disipar el gas.
Luis Fernando Rea, del barrio El Tambán, contó que se había comprometido a entregar ayer 100 revólveres a cuatro empresas de seguridad. “En el operativo se llevaron todo, no dejaron ni las piezas de otras 20 armas que estábamos ensamblando”.
Rea teme que si la Policía no devuelve las armas, perderá USD 15 000. El año pasado, hizo un crédito en el banco para poder fabricarlas y el costo del arriendo de su taller. Cada mes paga USD 500. “Sin trabajo no se qué hacer. Tengo a cargo a otras cuatro personas que dependen del sueldo”.
El local de Rea es estrecho y tiene paredes de bloque. En su mesa de trabajo, los desarmadores, llaves y otras herramientas también están regadas. El día del operativo su casa fue rodeada por cinco camionetas de la Policía. “Ellos se llevaron lo que pudieron”.
Rea, enojado, dijo que el convenio firmado con el Ministerio de Educación para la fabricación de mobiliarios para los planteles educativos (2007) fue un fracaso.
Solo se han hecho 10 000 pupitres. “De qué reactivación económica habla el Gobierno, si no nos dan trabajo”. El operativo fue autorizado por la jueza Primera de Garantías Penales de la provincia, Inés Manzano.
Hugo Zapata, comandante provincial de Policía, justificó la forma en que se desarrolló el operativo. “ Reaccionamos a la agresión, lo único que hicimos fue defendernos. Cumplimos con una orden”. Durante la gresca tres personas resultaron heridas por impacto de perdigón o otras 14 fueron atendidas por los organismos de socorro por asfixia.
La relación con el Gobierno dio un giro
En el 2007 el presidente Rafael Correa visitó Guaranda y recibió, como regalo, una escopeta de los armeros de Chimbo.
El Consejo Provincial de Bolívar solicitó el año pasado 1 500 pupitres. Pagó USD 38 000 a los artesanos.
En marzo del 2009 la Dirección Nacional de Servicios Escolares (Dinse). contrató a 18 ex armeros para fabricar 2 400 pupitres escolares.
El 30 de junio de 2009 el Gobierno prohibió el porte de armas de uso civil en el país.
El Ministerio de Industrias entregó USD 72 000 a la Asociación de Artesanos 22 de Abril de Chimbo.
Los artesanos y el Gobierno acordaron la instalación de una fábrica de puentes metálicos para abrir plazas de empleo.
El alcalde de Chimbo, Rodrigo Peñaherrera, mencionó que con el apoyo de un grupo de abogados se iniciarán acciones legales. “El Ministro de
Gobierno me mintió porque el martes pasado aseguró que no sabía nada del operativo, pero sí tuvo conocimiento”.