29 de enero de 2017 00:00

De 55 cooperativas investigadas, solo 7 recibieron sanción

Doris Zea recuerda a su madre, fallecida en un accidente de bus. Foto: Cristina Márquez / EL COMERCIO

Doris Zea recuerda a su madre, fallecida en un accidente de bus. Foto: Cristina Márquez / EL COMERCIO

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Fernando Medina

Las oficinas están cerradas en Quito y en Tulcán. Los 37 buses de Pullman Carchi no operan desde hace siete días.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendió por un mes a la cooperativa de transporte, luego de que una de sus unidades se accidentara el 8 de diciembre en Oyacoto (salida norte de Quito) y dejara 14 fallecidos y 19 heridos.


Los familiares de las víctimas están inquietos. ¿Solo un mes de castigo por 14 muertos?, se preguntan. Piedad Freire perdió a su hija Jenny Paredes, una docente universitaria, en Ibarra. Ella llegó a esa ciudad hace ocho meses, luego de terminar sus estudios de posgrado en Idiomas, en Estados Unidos.

“Le truncaron la vida”, dice. 
Viviana, en cambio, perdió a su esposo en ese accidente. Ahora solo recuerda que lo primero que escuchó de los testigos es que el conductor se quedó dormido y que el bus rodó 80 metros hacia una quebrada.
 Cuando ocurren estos siniestros, los conductores son juzgados con el Código Penal (art. 377) y las cooperativas son sometidas a sanciones administrativas de la ANT.

Pero la ley de Transporte Terrestre establece una suspensión máxima de dos meses.
 Pese a eso, no todos los procesos abiertos llegan a una penalidad en firme. En el 2016, la ANT abrió 55 expedientes contra cooperativas que causaron siniestros en el país y apenas siete han sido amonestadas.


Otros 48 procesos aún son investigados. La Agencia de Tránsito dice que esos expedientes se dilatan por las maniobras de los abogados que defienden a las empresas involucradas. En los archivos de la ANT reposan otras 47 investigaciones abiertas desde el 2011 hasta el 2015.


En ese último año, cuatro cooperativas fueron suspendidas, aunque en ese 2015 los buses (urbanos e interprovinciales) causaron 3 436 percances a escala nacional. 
En uno de esos hechos hubo dos personas muertas y 31 heridos y la cooperativa responsable fue castigada con 15 días de cierre. En los otros casos, las compañías de transporte fueron suspendidas ocho, 15 y 25 días.

Entre 
las tres empresas de transporte sumaron ocho fallecidos y 43 heridos.
 El presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros, Abel Gómez, está molesto. Dice que las autoridades solo se han dedicado a sancionar y que no se ha investigado cuáles son los problemas de fondo. 
Asegura que si los conductores están fallando, eso significa que “no tienen una buena preparación” y por ende las escuelas “están fallando”.

Advierte que “incluso las autoridades están errando, pues entregan licencias a quienes no están preparados. Todo es un círculo”.
El presidente de la Pullman Carchi, Luis Morejón, manifiesta que el mes de paralización para ellos es injusto. 
“El carro era nuevo, no iba a exceso de velocidad, no tenía exceso de pasajeros y no entendemos qué pasó”, dijo el jueves desde Tulcán, al referirse al percance de diciembre.


Humberto Zea, quien hace cuatro meses perdió a la madre de sus ocho hijos en un accidente de bus, pide que las penas sean más drásticas. No se explica cómo el bus en el que murió su esposa, María del Carmen, siga circulando e incluso con el mismo conductor.
La última vez que lo vieron fue en la Navidad pasada. El bus se movilizaba por la misma curva en donde se volcó en Chunchi, una localidad de Chimborazo.


Doris, una de las hijas de Zea, reconoció al carro, pues adelante llevaba el número 47. El martes, la joven estuvo en Riobamba y desde ahí contó que su madre tomó el bus en Azogues. La mujer, de 60 años, regresaba a su casa en Alausí, después de visitar a una hermana enferma. Pero un fuerte impacto la mató de inmediato.
Ahora Zea vive solo y su hija Doris sigue las investigaciones.

El día en que murió su madre, los heridos contaban a la Policía que el chofer corría con otro carro para ganar pasajeros. En el accidente también una pequeña perdió una pierna y otra pasajera, un ojo.
Desde inicios de este año, la ANT prepara una propuesta para reforzar las ­amonestaciones establecidas en la Ley y en el Reglamento de Tránsito.


John Hill, director ejecutivo de la ANT, habló con este Diario y aseguró que en esa lista de posibles cambios está, por ejemplo, ampliar el tiempo de la suspensión, crear un historial de siniestros para no otorgar más cupos e incluso disminuir las rutas de las cooperativas. “Por ahora, los 60 días es la sanción que administrativamente se puede aplicar”.


Para Justicia Vial, una organización que investiga los accidentes de este tipo, las actuales sanciones no han generado precedentes y advierte que a ninguna compañía involucrada se le ha re­vocado el permiso. Eso lo admite la ANT.


Para el presidente de la Cooperativa Loja, René Carrión, los castigos deben ser analizados con detenimiento, pues pide que se garantice el derecho a la defensa de las empresas.
La cooperativa que él dirige también fue suspendida un mes, en octubre pasado, pues uno de los transportistas impactó su unidad con otro bus y dejó un muerto y 47 heridos. Ese siniestro se registró en El Oro.

En contexto


En el 2016, el Gobierno dispuso que el transporte pesado y de pasajeros ya no apruebe dos revisiones técnicas anuales como antes, sino solo una. La Agencia Nacional de Tránsito asegura que no se legisla a favor de los transportistas.

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