El año que despedimos ha sido difícil, en especial para los inmigrantes. En este período, varias fueron las medidas puestas en marcha por el Gobierno y que afectaron de forma directa al colectivo de extranjeros en España.
La crisis económica que afecta notablemente al país desde hace dos años, fue para muchos el desencadenante, para la implementación del programa Retorno Voluntario, que entró en vigor en noviembre de 2008 y que pese a la poca acogida que ha tenido hasta el momento, fue en 2009 cuando tuvo su mayor incidencia en este colectivo.
En este sentido, Javier Orduña, director general del Servicio Público de Empleo, en declaraciones a este medio hace unos meses, destacaba que la medida no fue una respuesta a la situación de crisis, sino que más bien se constituyó en una forma de facilitar la reinserción de los inmigrantes a sus países.
La Ley de Extranjería
Sin llegar a las 10 000 solicitudes de retorno, los extranjeros han puesto de manifiesto que por el momento prefieren quedarse en España.
Esa permanencia y el desarrollo de una vida normal en este país se ha visto alterada con la “nueva” ‘Ley de Extranjería’, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre y cuyo reglamento deberá ser aprobado por el Ejecutivo en los próximos meses.
Entre los puntos más destacados de la reforma están la consideración de la estancia irregular en España como una “infracción grave”, la potestad que se da a las Comunidades Autónomas para transferir la custodia de menores no acompañados, las restricciones a la reagrupación familiar -limitando la posibilidad de reagrupar a los ascendientes solamente para los extranjeros con autorización de residencia permanente- y la ampliación de 40 a 60 días, el plazo máximo que puede permanecer un extranjero retenido en un centro.
Precisamente, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) estuvieron de actualidad en los últimos meses de 2009, gracias a un informe realizado por la ONG Médicos del Mundo y por el colectivo Ferrocarril Clandestino. En el mismo se denunciaba el trato vejatorio que se daba a los internos en el CIE de Aluche, en Madrid.
Este trabajo tuvo continuidad con otro informe, en este caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que pudo visitar los centros de Madrid, Málaga y Valencia y realizar más de 100 entrevistas a los internos.
Deficiencias como el desconocimiento del nombre del correspondiente abogado, la dificultad de comunicación con el exterior así como el casi inexistente régimen de visitas se ponen de manifiesto en ambos documentos.
De acuerdo con CEAR el CIE de Valencia es el menos valorado por los internos que incluso denunciaron malos tratos y torturas en su interior.