3 de July de 2009 00:00

15 231 declaraciones del patrimonio

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Redacciones Quito y Guayaquil

En Pichincha se presentaron 7 167 declaraciones patrimoniales, mientras que en Guayas, una provincia con 3,2 millones de habitantes, solo se tramitaron 1 865.

Ese número se aproxima al de Azuay, con 600 000 habitantes y donde el Servicio de Rentas Internas (SRI) registró 1 520 declaraciones de patrimonio. 

Esos datos llamaron la atencióndel director del SRI, Carlos Marx Carrasco. “Guayaquil tiene mucha más población y número de hogares que las otras dos provincias”, dijo ayer en la presentación de resultados de la declaración patrimonial.

Carrasco reconoció así que el trámite ordenado por la autoridad tributaria, cuyo plazo terminó el 29 de junio pasado, no tuvo acogida en Guayaquil porque en esa ciudad surtió efecto la posición de ocho juristas. Ellos presentaron una demanda contra el  SRI porque consideran que su exigencia es inconstitucional.

De hecho, el SRI esperaba recibir alrededor de 20 000 declaraciones y solo registró 15 231. Al ente recaudador le faltan 5 000 declaraciones patrimoniales más y eso coincide con los bajos números registrados en Guayas.

El funcionario insinuó que detrás de la demanda de inconstitucionalidad estarían intereses de grupos empresariales  que tienen un largo historial de evasión del Impuesto a la Renta y que quieren seguir en esa tónica.

El experto en impuestos, Carlos Velasco, quien trabajó por 40 años en la administración tributaria, asegura que Pichincha es una provincia con un buen récord de pago de impuestos y tiene una cultura tributaria más desarrollada respecto a otras .

Esto no ocurre con Guayas, que “debió liderar la declaración patrimonial por su intensa actividad económica”, dijo Velasco.     

Según el SRI, no existen razones legales para negarse a la declaración patrimonial, ya que la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas rechazó la acción presentada por los abogados. “Solamente la Corte Constitucional puede pronunciarse al respecto”.

Jorge Zavala Egas, quien forma parte del grupo de juristas que se opone al trámite, dijo  lo contrario. “La declaración  no es obligación, por eso no hubo muchos usuarios en Rentas”. 

“No pienso declarar mi patrimonio  porque no es obligación. Además, Rentas lo exige de una forma inconstitucional. Cuando me den un formulario que no vulnere el derecho constitucional, encantado lo haré”, agregó.

Según Zavala, los únicos que han podido presentar su patrimonio son los empleados públicos porque es una exigencia de la Contraloría General del Estado.

Añadió que hay una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas que establece que la declaración patrimonial que exige el SRI vulnera los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. “Nadie está obligado jurídicamente a presentar la declaración. No hay una cobertura legal de ninguna clase”.
Rentas Internas, mientras tanto, ampliará el plazo por un mes para hacer la declaración y pagar una multa de  USD 30.

Carrasco hizo un llamado a los ciudadanos a cumplir con la declaración y advirtió que el SRI empezará a cruzar sus datos con los de la Superintendencia de Compañías para ubicar a los que no realizaron el trámite.

El SRI busca reducir las glosas

El Servicio de Rentas Internas (SRI) empezó su campaña para reducir la aplicación de glosas o procesos de auditoría a los contribuyentes. Ayer, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, los técnicos de Rentas explicaron las causas y razones por las que se aplican glosas a más de 250 socios.

Juan Miguel Avilés, director del SRI del Litoral, dijo que esta sanción se aplica básicamente por ocultar ingresos, aplicar indebidamente los gastos deducibles,  remuneraciones y depreciaciones de activos. “Hay empresas proveedoras que utilizan facturas forjadas que facilitan a las grandes empresas a que evadan impuestos”.

En Guayaquil se audita a cerca de 300 empresas. María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que era una obligación cumplir con las normas tributarias, pero advirtió que son muy complejas y que muchos pequeños empresarios no las pueden cumplir porque los trámites son engorrosos. “Esas son las causas para que mucha gente esté en mora y no lo haga bien. Hay que facilitar el pago de los impuesto y no complicarlo”.

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