17 de March de 2010 00:00

12 años de espera por el canal de riego Tabacundo

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Redacción Ecuador

El viento sopla fuerte en el páramo de Cayambe. Es temprano y Salomón Ulcuango llega al desolado campamento de la empresa Andrade Gutiérrez,  en la comuna El  Chaupi.

Las máquinas, que hace ocho años acarreaban tierra y material pétreo, ahora están oxidadas y a la intemperie. Los rótulos están cubiertos de polvo y ya casi no se lee la información que contienen.  

El campamento se cerró a inicios del 2002. La empresa pretendía abrir en la montaña un túnel de 5 km, para conectar a Chaupi con la laguna San Marcos. El fin: extraer agua para abastecer al canal de riego Cayambe-Tabacundo y al proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura.    

La obra se paralizó, a pesar de que el Gobierno Provincial de Pichincha entregó USD 76 millones. Según un informe levantado por la Secretaría Nacional del Agua, los trabajos registraron un avance de entre el 30% y el 45%, a pesar de que fue cancelada en su totalidad. La entidad presentó un informe sobre el estado del proyecto a la Presidencia.  

Ulcuango, presidente de la comuna El Chaupi, dice que están afectadas 160 comunidades rurales de Imbabura y de Pichincha. “En esta zona, la escasez de agua para riego y para consumo humano se agrava cada año”. 

La construcción del proyecto de riego Tabacundo-Cayambe empezó en 1998. Se pretendía regar 130 000 hectáreas en nueve parroquias de ambos cantones. Con obras complementarias, se planificaba dotar de agua potable a unos 450 000 pobladores.

De acuerdo con el contrato, la obra debía inaugurarse en el 2002. Un informe levantado por técnicos de la Prefectura de Pichincha, en los estudios no se tomaron en cuenta problemas de ingeniería y ambientales. 

En agosto del  año pasado, el presidente Rafael Correa  se comprometió asignar USD 80 millones para concluir el proyecto, en un plazo de  36 meses. 

El alcalde de Cayambe, Diego Bonifaz, uno de los impulsores del proyecto regional, reconoce que hasta el momento no hay financiamiento para los trabajos. “Vamos a esperar hasta el 15 de abril y si esa realidad no cambia, convocaré a una asamblea cantonal para tomar decisiones”.    

Ulcuango pasa con frecuencia por el abandonado campamento. Lo hace para llegar a las fincas donde trabaja. “Me indigna ver cómo se derrocha la plata del pueblo. Hay que hacer algo”.

Con esa opinión coincide Gonzalo Cabascango, presidente del Consejo de Juntas del Proyecto Pesillo-Imbabura. Para él, luego de 12 años de espera, una alternativa es movilizar a los indígenas hacia Quito. “Desde hace un año hemos pedido hablar con el presidente Correa”.

El 17 de septiembre del 2007, el vicepresidente Lenin Moreno, firmó un acta de compromiso con los representantes de las comunidades beneficiarias. En el documento se estableció que el proyecto era una prioridad nacional y de ejecución urgente.

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