Hasta septiembre del 2016, la Fiscalía General del Estado informó de 108 denuncias por femicidio y 32 sentencias condenatorias.Foto: Archivo/EL COMERCIO
En Ecuador, seis de cada 10 mujeres de 15 a 64 años han sufrido violencia. La cuarta parte de ellas ha enfrentado abuso sexual. Eso dice la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género, del INEC, publicada en el 2012.
A esas cifras se refirió el presidente Rafael Correa, en un enlace de noviembre del 2015. En la semana de la conmemoración del Día por la No Violencia contra la Mujer. “Cuidado me caen en extremos”, cuestionó.
Pidió dejarse de novelería, poner indicadores más duros para crear políticas públicas. “Créanme, una de las preguntas es ¿usted ha sido ignorada? Eso no puede ser, son preguntas subjetivas”.
Eso lo recuerdan las integrantes de la Coalición Nacional de Mujeres. Ellas prenden las alarmas porque en lo que va del año, extraoficialmente, se habla de 33 casos de femicidio.
En octubre del 2016, este conglomerado elaboró un informe sobre al examen al Estado ecuatoriano en el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño.
Hacer la encuesta, con una desagregación nacional urbano, rural y regional, cada cinco años, con metodología definida por el INEC. Eso exigen. Y que se cree un sistema de información sobre casos de violencia registrando medidas de protección y los sujetos a ellas.
En movilizaciones, del 2016 y este año, han podido mostrar que no están solas en su pelea en contra del femicidio, el derecho al aborto por violación y a decidir sobre su salud reproductiva. También contra el abuso sexual en ambientes educativos. Sus luchas y su agenda local son regionales.
El 26 de noviembre del 2016, tras el Día por la No Violencia contra la Mujer, protagonizaron una marcha nacional. También tuvo acogida su propuesta en Fabebook, #NoCallamosMás. Este 8 de marzo fueron parte de un plantón.
“Hay una rebelión de las mujeres”, anota Rocío Rosero, vocera de la Coalición. Se alista para ir a Nueva York, a la reunión anual de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, de Naciones Unidas.
La Coalición pregunta a los candidatos: ¿Encarcelará a una mujer que opta por interrumpir su embarazo o a los prestadores de salud que la asistan? ¿Replanteará el debate sobre el aborto, con qué propuesta?
En 2013, en la Asamblea se discutió sobre la despenalización del aborto por violación. Pero no hubo apoyo.
Ariadna Reyes, asesora de la Fiscalía General del Estado, ha resaltado los avances en la lucha contra la violencia de género. La más importante es la tipificación del femicidio, la figura fue aprobada dentro del Código Orgánico Integral Penal, que rige desde agosto del 2014.
También resalta los esfuerzos por capacitar a funcionarios judiciales para detectar casos de retracción de las víctimas o el síndrome de la mujer maltratada.
Las propuestas de los candidatos
El equipo de Guillermo Lasso, de Creo, respondió a este Diario en torno al aborto por violación. “Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, creo que la legislación debe defender tanto la vida de la madre como la del niño por nacer”.
Sobre el combate al femicidio -dijo- la inseguridad y más aún los delitos contra la vida con agravantes, no deben formar parte de la vida cotidiana. Por ello garantizará la seguridad ciudadana. Trabajará en prevención con ONG que han luchado por erradicar la violencia intrafamiliar y la violencia de género.
Lenín Moreno, de Alianza País, aseguró que se sumará al diálogo y al debate sobre esta demanda legítima, para encontrar las mejores respuestas. No solo en el Legislativo sino en todos los espacios, en relación al aborto por violación.
El candidato oficialista también habló de su estrategia para frenar el femicidio. “Declararemos la erradicación de la violencia de género y contra las mujeres como prioridad nacional”, detalló. Y se comprometió a trabajar con otras funciones del Estado para fortalecer la legislación que castiga el femicidio, para evitar la impunidad en la administración de justicia en estos casos.
Otra de sus ideas es fortalecer el Plan Nacional contra la Erradicación de la Violencia de Género. Así como crear una red nacional de casas de acogida para víctimas.