Jessica Jaramillo es activista en temas de género y política. Desde el 2012 ha estado colaborando con la organización Feminista Marcha de las Putas en la ciudad de Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.
En Ecuador la violencia de género es recurrente. Jessica Jaramillo Yaguachi, activista en género y política, habló con EL COMERCIO sobre las políticas públicas que se ejercen en este tema. La dirección que deben seguir y los retos que existen para enfrentar este mal. No toda discusión puede considerarse violencia.
¿Cómo diferenciar la violencia de género de una discusión en el hogar?
Primero hay que entender una valoración real de lo que es el género. Más allá de la diferencia biológica o física, el género es una construcción social de lo femenino y masculino. Los hombres y mujeres nos construimos a lo largo del tiempo y de nuestras relaciones sociales.
En función de eso hay que acentuar en la identidad de género y tener claro que la violencia de este tipo es diferente a la violencia social.
No es lo mismo un ataque en la calle por inseguridad, a un asalto con una violación, ahí ya hay una condición de género con términos relacionados a la misoginia, que es el odio a las mujeres, por el simple hecho de serlo, o con el androcentrismo, término que se refiere a la condición de superioridad simplemente por ser hombre.
La violencia deja secuelas psicológicas, actualmente no se trata como una terapia específica para un maltrato. ¿Cómo se hace la reparación integral a las mujeres después de una sentencia?
El propio proceso penal ya es agotador. Ahora hay muchos casos de denuncias y pocos casos resueltos, las mujeres que denuncian no siguen el proceso penal porque no tienen las seguridades para hacerlo.
El proceso genera ya un estrés hacia las víctimas, por eso los temas de reparación integral hacia estas deben estar primero enfocados en la atención médica.
Por ejemplo, traslados domiciliarios o ubicar condiciones para que puedan desarrollarse en otro espacio para tratar las secuelas que deja la violencia psicológica.
Las víctimas muchas veces no hablan por vergüenza o por cómo lo tome la gente, ¿cómo utilizar las políticas públicas en estos casos?
Existen dos momentos, uno es la política de prevención, tanto del gobierno local como nacional. Se debe establecer políticas reales e integrales relacionadas a la educación, la salud y la seguridad social para prevenir comportamientos violentos y las mujeres puedan transitar sin miedo a ser lastimadas.
El segundo momento es el posterior, que es cómo el Estado establece políticas para una atención integral desde el sistema de salud, justicia y la reinserción psicológica de la víctima.
El Ecuador no ha sido tan efectivo, tiene su sistema de salud muy complejo donde quienes sufren violencia enfrentan una revictimización. En el proceso de atención médica, el especialista no tiene suficiente conocimiento sobre protocolos médicos, el sistema de salud no cuenta con todas las medicinas al alcance y no hay atención psicológica permanente o de seguimiento.
En cada área se debe tener indicadores claros con el nivel de violencia, hacer ejercicios de planificación, elaboración y medición para establecer si la estrategia está funcionando.
No se trata de separar mujeres entre hombres sino de lograr la convivencia armoniosa, estas políticas son cuestionadas porque no logran cuajar entre lo que deberían ser, entonces, ¿cómo solventar que desde el ente encargado de emitir las normativas adecuadas se piense en la armonía y no en una división?
Hay que diferenciar entre campaña política y una política pública, que debe ser seria y responsable y evite acentuar estereotipos. Hoy tenemos una polémica en la ciudad por una campaña lanzada recientemente. Quizás el error mas grave de esta es no haber medido los riesgos, en lugar de ser una campaña de sensibilización, en donde se invite a la reflexión, se enfrenta al ciudadano y a sus creencias.
Se debe ir hacia una iniciativa legislativa, por ejemplo, que permita generar un observatorio de violencia de género para la ciudad, o fiscalizar las políticas que se están ejecutando y medirlas en un período de seis meses, para evidenciar si realmente se están logrando resultados.