Alberto Acosta, exasambleísta constituyente, recordó que desde 1992 en el Ecuador ya se hablaba de la deuda ecológica. Foto: María Isabel Valarezo/ EL COMERCIO
Activistas, académicos y defensores de los derechos de la naturaleza se reunieron en Quito para analizar la encíclica Alabado Sea, del papa Francisco. Coincidieron en que es un avance en la lucha por la naturaleza porque cuestiona los modelos de producción capitalistas y el extractivismo.
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, fue uno de los expositores este 30 de junio del 2015. Él recordó que desde 1992, en el Ecuador, ya se hablaba de la deuda ecológica. Es decir, la que tienen los países industrializados con los países más pobres por toda la contaminación que generan.
El tema es abordado en la encíclica papal: “De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, alimentan el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro”
Según Acosta es uno de los aspectos más importantes, porque pone de manifiesto un ecologismo integral, social. Lo que el presidente Rafael Correa calificaría como “ecologismo infantil”, sugirió.
Para Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, hay un doble discurso por parte del oficialismo porque resalta frases que le interesan políticamente pero -según ella- que no corresponden a su accionar.
Un ejemplo es lo que pasó con el proyecto Yasuní ITT que buscaba mantener el crudo en tierra de una parte del Parque Nacional Yasuní, a cambio de una compensación económica.
Esto no se logró y se aplicó el plan B, que implicaba la explotación. Acosta cree que si la encíclica hubiera llegado antes, cuando estaba presente la idea del Yasuní ITT, quizá el resultado hubiera sido otro. “Lamentablemente fue demasiado grande para un Presidente tan pequeño”.
Martínez resaltó que la encíclica es cercana a los movimientos sociales por el lenguaje y los términos que emplea. Y sobre todo porque reconoce su lucha y la importancia de la organización ciudadana para presionar a los Gobiernos en pro de la conservación.