Las repercusiones económicas para los países dependerán de la rapidez con que los Estados reaccionen ante la evolución de la economía digital. Foto: ELCOMERCIO
La digitalización de los bienes físicos reducirá el comercio transfronterizo y el pago de aranceles. En el 2020, el G20 quiere aplicar un impuesto digital a gigantes tecnológicos.
Las impresoras 3D son un gran paso en la era de la industrialización digital, pero además prometen cambiar las reglas del comercio internacional.
Actualmente ya se imprimen auriculares para pacientes con problemas auditivos; algo parecido ocurre con las prótesis. En el futuro cercano, si se diseñan unas gafas en Corea, ya no será necesario fabricarlas en ese país, ya que podrán imprimirse en cualquier lugar. Y este salto tecnológico tendrá incidencia en la forma de producir y comercializar cualquier tipo de bienes.
Si se mantiene el actual ritmo de inversión en la impresión 3D, el 50% de los productos fabricados en el mundo podrá ser impreso en el 2060, señala Rashmi Banga, oficial de asuntos económicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). El resultado: “se eliminará el 40% del comercio transfronterizo”.
Las repercusiones económicas para los países dependerán de la rapidez con que los Estados reaccionen ante la evolución de la economía digital, que ya percibe consecuencias en el cobro de impuestos y la seguridad de los datos de los ciudadanos.
En el ejemplo de la impresión 3D, buena parte de las mercancías ya no pasarán en el futuro por las aduanas físicas, ya que se imprimirán en cada país. Eso significaría menos ingresos por aranceles o tasas, lo cual generaría, además, una competencia desleal para aquellos productos físicos que sí pagan en aduana. Por eso, algunos países ya plantean aplicar una tasa aduanera para las transmisiones electrónicas, aunque otros rechazan la idea porque sería un freno para las nuevas y actuales empresas digitales.
En el mundo ya se comercializan productos digitales como películas, libros, periódicos, videojuegos, música o programas informáticos. Los discos de acetato, el CD o el DVD, que antes contenían música o películas, han dado paso a plataformas como Spotify, Netflix o Crackle.
Los libros también se han digitalizado y ahora existen múltiples plataformas que ofrecen hasta un millón de ‘e-books’ por USD 10 al mes.
Estos ejemplos solo se refieren a las ventas directas de las empresas a los consumidores, cuyo peso en el comercio electrónico mundial aún es bajo. En el 2015, estas ventas representaron 11,5% de los 25,3 billones de dólares comercializados en ese año, según la Unctad.
La mayor parte del comercio electrónico se realiza entre empresas, donde los flujos de bienes y servicios se realizan al por mayor.
El comercio electrónico adquirirá mayor peso en los próximos años, debido a los grandes avances en inteligencia artificial, Big Data, impresión 3D, robótica, Internet de las cosas y a computación en la Nube, etc.
Lo anterior puede tener serias implicaciones para países en desarrollo, sobre todo para aquellos que son importadores netos de productos o servicios digitales, es decir, de transmisiones electrónicas.
Los ganadores serán los países que lideran el desarrollo tecnológico. Según World Integrated Trade Solutions, los mayores exportadores de productos digitales en el 2017 fueron China, la Unión Europea, Alemania, Hong Kong, Estados Unidos e Inglaterra.
Las utilidades de los gigantes tecnológicos como Apple, Facebook, Tencent, Google, Alibaba, Baidu o Microsoft han venido creciendo a tasas de dos dígitos en los últimos años, lo cual les ha permitido ser todavía más grandes.
Y esto lo han logrado, según Banga, por su capacidad para recopilar, procesar y vender datos, que fluyen a través de transmisiones electrónicas sin mayor control. Por eso, dice, es necesario regular el uso de esos datos. En la actualidad hay países como China, Indonesia, Ruanda o la Unión Europea que cuentan con leyes de seguridad para proteger sus datos y también obtener un beneficio por su uso.
Otra forma para regular la nueva economía digital es cobrar impuestos a las grandes empresas tecnológicas, las cuales obtienen mayores beneficios porque ubican sus sedes en países de baja tributación. Son unos 200 000 millones de dólares que se dejan de pagar en impuestos, por esta práctica, según el Fondo Monetario Internacional.
“La economía digital puede exacerbar esta erosión de la base imponible porque una empresa transnacional, cuyos principales activos son la propiedad intelectual o los datos, puede deslocalizar fácilmente esos activos”, señala el informe de la Unctad ‘Comercio y Desarrollo 2018’.
Como el impacto de esta práctica es global, los países desarrollados vienen trabajando en una normativa de alcance mundial. El mes pasado, en la cumbre del G20 en Japón, los ministros de Finanzas acordaron establecer en el 2020 año un impuesto digital para los gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Netflix Spotify, Uber y Amazon.
La nueva normativa se basará en los acuerdos en los cuales trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde hace varios años.
El cobro de impuestos a estos gigantes tecnológicos generará fricciones. El Senado francés aprobó el jueves pasado un impuesto a estas empresas, pero EE.UU. se mostró “preocupado” en caso de llegarse a aplicar esta medida.