Silvio Carrillo, sobrino de la activista asesinada, afirma que la CIDH había advertido repetidamente al Gobierno hondureño que debía protegerla pero fueron ignorados. Foto: AFP
Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de la dirigente indígena y activista ambiental hondureña Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2017, un sobrino suyo asegura en el New York Times que nada ha cambiado en ese país, donde la justicia “es evasiva”.
Silvio Carrillo recuerda la forma en que la activista fue asesinada en su hogar en la ciudad de La Esperanza, en medio de la noche, y que su última campaña fue oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en tierras de su pueblo Lenca sin su consentimiento.
“Al cumplirse este triste aniversario en el pueblo donde Berta murió, no hay consuelo para mi familia. Ni Honduras ni EE. UU. parecen haber aprendido nada de esta pérdida”, señala Carrillo en la nota.
Recuerda que Cáceres pasó la mayor parte de su corta vida desafiando algunas de las más poderosas figuras políticas y económicas en defensa de los derechos de su comunidad.
Asimismo, Carrillo señala que el asesinato de su tía provocó indignación alrededor del mundo, “especialmente en comunidades que se preocupan por los derechos humanos, la democracia y la idea de que todos los humanos nacieron iguales”, y afirma que su muerte dejó a decenas de miles de activistas en el mundo exigiendo justicia.
“Pero, en Honduras, la justicia es evasiva. En años recientes, cientos de activistas han sido asesinados aquí. Muy raramente sus asesinos han sido capturados”, subraya Carrillo en su artículo del Times.
“Se cree que la corrupción y criminalidad han alcanzado los niveles más altos en el Gobierno”, agrega en su artículo, en el que además afirma que EE. UU., que mantiene tropas, equipo y entrenadores en ciertos puestos militares, apoya al Gobierno hondureño “con cientos de millones de dólares en asistencia y respaldo político”.
Recuerda además que las autoridades en Honduras han capturado a ocho sospechosos del asesinato de Cáceres “ninguno de los cuales parece ser lo suficientemente importante para haber ordenado el crimen”.
Igualmente recalca que su tía sabía que estaba en una lista de sentenciados, que desde 2013 recibía amenazas de muerte, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido repetidamente al Gobierno hondureño que debía protegerla “pero fueron ignorados”.
“Un año después de su asesinato, la situación en Honduras se ha vuelto peor. Periodistas y activistas críticos del gobierno continúan siendo blanco de la violencia. La fiscalía falla en conducir investigaciones apropiadas del asesinato de activistas”, indica además Carrillo.
“Hoy lamentamos no solo la pérdida de Berta Cáceres. Lamentamos la pérdida de todos los otros Berta Cáceres en Honduras como Tomás García, María Enfirquesta Matte, Francisco Martínez Márquez y muchos otros”, indicó Carrillo