La muerte repentina de un personaje público siempre es impactante. Y lo es más todavía si se produce en unas circunstancias tan trágicas como las que rodearon el suicidio del expresidente peruano Alan García.
En ese país ha habido una acción sostenida de la justicia en busca de pistas sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, dentro de un esquema que se repite en varios países latinoamericanos. Otros tres expresidentes también están en la mira de la justicia, aunque uno de ellos está prófugo.
El modus operandi del soborno a funcionarios de alto nivel a cambio de la concesión de obras fue reconocido por Marcelo Odebrecht y se practicó tanto en África como en América. Es en Brasil, la sede de la empresa, donde se han reportado los mayores sobornos, según las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tanto ese último país como Brasil y Suiza recibieron del empresario USD 3 500 millones por concepto de multa. En Colombia se obligó a la empresa a pagar USD 250 millones, y en el Perú, 182. En el Ecuador no se empieza a hablar del tema, aunque los sobornos a funcionarios, incluido el exvicepresidente Glas, hoy en prisión, alcanzan los 33,5 millones.
La corrupción destapada ciertamente ha puesto en problemas a una serie de personajes públicos de la región, pero resulta evidente que varios han salido bien librados en función de la debilidad de los sistemas judiciales de sus países. Como suele suceder, los implicados alegan persecución política en lugar de dedicarse a desvanecer los cargos.
El poder mal entendido es buen pasto para la corrupción, y eso lo entienden muy bien los corruptores. En el caso ecuatoriano, todavía queda mucho por hacer para desatar la trama en toda su extensión.
El desenlace de ayer llama doblemente la atención, pues García había dicho la víspera no temerle a la prisión preventiva, y además era un personaje a librar duras batallas.
Una de las obligaciones de los mandatarios es rendir cuentas, pero suele ser lo primero que olvidan.